Transcripción de las palabras del secretario de Desarrollo Social, Esteban Moctezuma Barragán, durante la reunión de trabajo con representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, efectuado en la sede de ese organismo.

México, D.F., a 22 de enero de 1999.

Amigas y amigos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción:

Me da mucho gusto tener la oportunidad de poder conversar con los industriales de la construcción. Quiero agradecer de manera especial la gentil invitación del ingeniero Ricardo Platt García, presidente nacional de esta Cámara y en esta transmisión que llega a sus 43 delegaciones.

Si ustedes me lo permiten, quisiera compartir algunas reflexiones en torno al papel fundamental que juegan los empresarios de la construcción en el contexto amplio del desarrollo urbano del país, de cara al próximo siglo.

En la Secretaría estamos seguros de que para poder planear las cosas, hoy tenemos que lograr una visión y una prospectiva de largo plazo. Por ello hemos configurado un grupo, que se llama Visión 2020, que busca es proyectar las tendencias actuales de crecimiento de población, de necesidades de infraestructura, para ver cuáles son el tipo de decisiones que debemos tomar hoy, y fortalecerlas para ir construyendo el México que año con año vaya sumando a la solución de los problemas y no año con año, vaya sumando al déficit en la solución de los problemas.

En esta perspectiva, la expansión de las ciudades es uno de los fenómenos más importantes de nuestro siglo. Por ello las instituciones públicas deben enfrentar con eficacia los innumerables retos que este desarrollo acelerado les impone.

Actualmente el 73 por ciento de los mexicanos viven en ciudades y la tendencia, aunque con menor velocidad que en años anteriores, continua en el sentido de la concentración urbana.

Este desafío resulta particularmente urgente, si revisamos la estructura y las tendencias demográficas de la población hacia las próximas décadas. Para 1999 la población de México alcanzará los 98 millones de habitantes, y en el año 2020, se estima que se alcance cerca de los 125 millones de mexicanos.

Hoy en día la sociedad mexicana la conforman cerca de 22 millones de hogares, y nuestra dinámica demográfica elevará esta cifra a más de 38 millones, casi 39 millones, en el año 2020. Esto quiere decir que al concluir la segunda década del próximo siglo, el país crecerá en más de 16 millones de nuevos hogares, en un incremento cercano al 80 por ciento.

En este contexto, uno de los principales retos para los próximos años será propiciar el ordenamiento territorial de las actividades económicas y de la población conforme a los potenciales de las ciudades y las regiones, inducir el crecimiento de las ciudades en forma ordenada y con base en principios sustentados en el equilibrio ambiental.

En México, el desarrollo urbano y la vivienda requieren de un tratamiento de política de Estado. Esto es así, porque el gobierno de la República tiene la certeza de que la justicia y el desarrollo social no pueden alcanzarse de manera exclusiva con políticas asistencialistas. Necesitamos ir más allá e impulsar una visión integral que considere e incida en todos los factores que intervienen en la reproducción intergeneracional de la pobreza. Si nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de los sectores sociales más rezagados, necesitamos canalizar el esfuerzo y el talento de todos a fin de avanzar de manera más efectiva en el abatimiento de las desigualdades.

Por ello, en la Secretaría de Desarrollo Social, llevamos adelante las acciones y los programas en materia de desarrollo urbano y de vivienda, con base en un enfoque integral. Sólo podremos avanzar en una solución a la problemática de la vivienda tanto en la oferta como en la demanda, si consideramos aspectos fundamentales como la planeación y el crecimiento ordenado del entorno urbano o rural en que ésta se inserta.

En materia de vivienda los trabajos se desarrollan con base en el reconocimiento de tres aspectos fundamentales: el primero tiene que ver con la participación social y con la corresponsabilidad. Sin duda, hay un proceso de interrelación entre la demanda social y el acceso a la vivienda que no termina con la aplicación de normas y programas por parte del Gobierno Federal.

El carácter público de la política de vivienda está determinado, entre otros aspectos, por la participación de las cámaras y los colegios de profesionales, de los promotores y demandantes,. Y en general por todos los interesados en la solución a un problema social de gran magnitud, en el que la participación ciudadana determina en buena medida el alcance y los resultados de las acciones desarrolladas.

En segundo lugar, la demanda de vivienda es sin duda una demanda social; es decir, la necesidad de contar con una vivienda digna y con seguridad jurídica en la tenencia no es algo inventado por las instituciones, sino es un sentir concreto que se expresa desde la sociedad como un reclamo familiar de contar con un patrimonio.

Por último, se reconoce que los actores que participan en la política de vivienda juegan papeles muy específicos. El gobierno alienta las acciones y da seguimiento a un marco normativo basado en el aliento al federalismo; las organizaciones de constructores participan en la planeación y ejecución de las obras, y las familias asumen un compromiso de corresponsabilidad en el financiamiento de acciones futuras.

Si me permiten, quisiera hacer un paréntesis para comentar los alcances de la participación ciudadana, la cooperación y la coordinación interinstitucional en la atención de problemas concretos, como fue la necesidad de atención a las familias damnificadas de la Costa y Sierra de Chiapas. Aquí, la cooperación y la cooresponsabilidad de todos los actores hizo posible la superación de la emergencia con una prontitud sin precedente.

De 25 mil viviendas afectadas se rehabilitaron 15 mil durante las primeras semanas, en tanto que actualmente se trabaja en la reparación, reconstrucción y reubicación diez mil 607 viviendas.

Esto es sólo un ejemplo de lo que podemos lograr cuando los tres niveles de gobierno unificamos nuestros esfuerzos y recursos. La situación emergente en Chiapas fue en septiembre, el programa de vivienda se inició en octubre y ya a finales de diciembre estábamos entregada vivienda terminada y con servicios, gracias a esta cooperación interinstitucional y a esta cooperación con la participación de todos los beneficiarios.

Si esto se hizo en un momento de crisis en materia climática, porque fue resultado de una precipitación pluvial, pues qué no podremos hacer si consideramos que todas las familias que no tienen un techo en México están viviendo permanentemente una crisis.

El programa de vivienda se basa en un enfoque facilitador de las actividades de desarrollo habitacional a largo plazo y responde a una serie de problemas que dificultaban la realización de proyectos habitacionales. Entre ello, cabe la pena mencionar la estrechez en el otorgamiento de créditos, fuentes de financiamiento limitadas, diversidad de criterios entre los organismos de vivienda, tramitación excesiva, altos costos indirectos, insuficiencia de suelo y apoyo limitado al fomento tecnológico para la construcción.

De esta manera la política de vivienda orienta sus acciones hacia dos vertientes fundamentales:

1. La formación de un patrimonio familiar;
2. La formación de capital social que considera la creación de infraestructura urbana y de vivienda.

En este marco, se insertan la estrategia y las acciones de la actual política habitacional. En el futuro inmediato continuaremos impulsando las acciones que nos han permitido avanzar en la generación de condiciones propicias para el proceso habitacional y que, al mismo tiempo, apoyan la reactivación de la demanda, es decir, las líneas de desregulación y desgravación; la ampliación de cobertura crediticia; la introducción de subsidios directos, y la incorporación de suelo apto para el desarrollo urbano y la vivienda. En este último punto resulta importante destacar que le solicitamos al señor presidente de la República, y así va a suceder en las próximas semanas, que la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, la Corett, este año pasa a la coordinación de SEDESOL para que tengamos la capacidad de generar suficiente oferta de tierra para la construcción de vivienda, y para que podamos planear el desarrollo de las ciudades en función de una planeación urbana y que no sean los corruptos líderes de precaristas los que indiquen hacia dónde crezcan las ciudades.

Con ello estaremos en mejores condiciones para avanzar en las tareas de desarrollo urbano y de construcción de vivienda social.

Cabe subrayar que el propósito de la liberación del uso de la tierra, pasando de la modalidad de propiedad ejidal a la urbana, es buscar que la plusvalía se incorpore al patrimonio familiar de los beneficiarios de estos programas y avanzar en a solución al precarismo.

Con la legalización en la tenencia de la tierra urbana estamos liberando de obstáculos legales a las autoridades locales para incorporar a estas colonias a los programas de mejoramiento urbano e introducción de servicios básicos. Con estas acciones estamos transitando de una reforma agraria a una reforma urbana.

Seguiremos promoviendo una visión integradora de la política habitacional, a fin de reactivar al sector inmobiliario como un elemento clave para el fortalecimiento de la producción habitacional en México.

Estas acciones dan contenido y definición a la política habitacional y se orientan a partir de dos instrumentos básicos: el Programa de Vivienda 1995-2000 y la Alianza para la Vivienda, presentados ambos en mayo de 1996.

En la coyuntura actual, es indispensable reforzar las aciones y llevar adelante otras nuevas a fin de satisfacer la demanda de espacios habitacionales, fundamentalmente entra la población que padece la mayores carencias. En este sentido, las acciones de la Secretaría de Desarrollo Social se agrupan en 6 líneas estratégicas:

1. En primer lugar, la formulación, conducción y evaluación de la política general de vivienda y del programa sectorial, orientados a propiciar una mayor integración del mercado y la ampliación de la oferta.
2. La coordinación del Sistema Nacional de Vivienda en la forma convenida con los gobiernos locales. Es muy importante esta coordinación con los municipios, ya que en el presupuesto de 99, en el Ramo 33, en donde se está participando a los municipios de recursos que antes manejaba la SEDESOL, se especifica que éstos deben de ser utilizados entre otros rubros, para el de mejoramiento de vivienda y de construcción de vivienda nueva.
3. La vigilancia en la conducción de las acciones
4. El fomento a la producción y la distribución de materiales para la construcción.
5. La regulación de marcado de terreno para la vivienda.
6. la integración y formulación de normas de diseño y construcción de vivienda incorporando criterios ecotécnicos y promoviendo el uso de las tecnologías más adecuadas, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales.

En esta idea, les propongo retomar los trabajos con el Consejo Empresarial para el Desarrollo Inmobiliario y Vivienda, con el fin de participar en el seno del Consejo Consultivo Ciudadano de Desarrollo Social, para allí continuar con este diálogo abierto en materia de desarrollo urbano y vivienda.

Queremos que la relación con ustedes, que es una relación de trabajo, llegue a conclusiones concretas que impacten en la política pública. De nada serviría un diálogo constante y perseverante, si esto no se traduce en decisiones políticas. Por ello es que queremos reforzar la participación de ustedes en el seno del Consejo Consultivo Ciudadano de la Sedesol.

Para 1999, las perspectivas del mercado de la vivienda sin duda alentarán la inversión. Quisiera comentar brevemente con ustedes dos casos concretos. Hay un incremento real en el número de acciones de vivienda a través del Programa de Ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (Vivah), para el que se tiene proyectada una inversión de 268.3 millones de pesos para la edificación de 14 mil 600 viviendas.

Estas cifras son superiores en más de 100 por ciento a los 133 millones de pesos ejercidos en 1998 y con los cuales se desarrollaron siete mil acciones.

Aquí quisiera señalar que durante los últimos días del mes de diciembre pasado, al de la efectividad de este programa, se nos duplicó el presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda y del Congreso de la Unión. En un presupuesto que en su conjunto disminuyó en un 5 por ciento en términos reales, el programa de vivienda pudo tener el doble de recursos para ejecutarse este año.

Lo importante de este modelo es que si logramos, como lo vamos a hacer, cubrir y rebasar estas metas, estamos ciertos de que para el año que entra podremos tener todavía un presupuesto mucho más poderoso y demostrar que este tipo de mecanismos son los que van a solucionar el problema de la vivienda sociales en el país.

El programa de vivienda progresiva representa una alternativa para que la población urbana de menores ingresos adquiera una vivienda de tipo progresivo, con servicios de agua, luz y drenaje.

Para ello, los gobiernos locales aportan los lotes con servicios; el gobierno federal otorga, en forma transparente, un subsidio de 18 mil pesos por familia, y los beneficiarios aportan un ahorro previo de seis mil pesos.

Asimismo, con un lapso de cinco años los beneficiarios le pagan al gobierno local el terreno con mensualidades fijas que no varían aunque hayan cambios importantes en cualquier tipo de variables económicas o tasas de interés. Esto le da una certidumbre al beneficiario de esta vivienda, que lo hace precisamente incorporarse al programa.

Tenemos estudios en los cuales queda demostrado que esta vivienda que es legal, que tiene servicios, que está orientada hacia el crecimiento orientado de las ciudades, le sale más barata a un padre de familia que el hecho de permanecer dándole cuotas a esos líderes que los tienen después invadiendo predios que constantemente les están pidiendo contribuciones.

Es más barata la legalidad ordenada que la ilegalidad en que viven tantos millones de mexicanos por la falta de oferta que hay en materia de tierra.

El otro caso es el del Infonavit, que firmó los compromisos para la vivienda a fin de lograr el otorgamiento de 200 mil créditos para vivienda en los próximos 18 meses, a través de una inversión de 26 mil millones de pesos en beneficio de un millón de personas y la generación de 2.5 millones de empleos directos e indirectos.

La meta del sector vivienda para 1999 es la construcción de 264 mil viviendas, con una inversión de 41 mil millones de pesos. Dicha inversión representa un crecimiento de 24 por ciento en términos reales, respecto al cierre estimado para 1998.

Señoras y señores:

México vive una nueva etapa en su democracia que se refleja no sólo en su vida política, sino en la creciente participación de nuestros colegios, gremios, asociaciones y organizaciones sociales y de profesionales. Estos avances se traducen en una participación dinámica y propositiva, a sí como en un diálogo permanente y respetuoso para arribar a mejores esquemas de trabajo a fin de superar nuestros problemas.

El desarrollo social ha sido parte de este esfuerzo y se ha consolidado como principio rector para la construcción de acuerdos y alternativas a los desafíos que el desarrollo urbano y la vivienda nos plantean de cara al próximo siglo.

En la Secretará de Desarrollo Social hemos constituido este Consejo Consultivo Ciudadano para estar en permanente contacto con los verdaderos actores del cambio en México, para aprender de ello e incorporar sus experiencias en las política urbana y de vivienda; de ahí que nuestra relación, además de ser respetuosa y de amigos, es una relación de trabajo y veremos cómo se traduce en medidas y políticas concretas.

Los invito a perseverar en este esfuerzo y a unir voluntades y talentos en una tarea fundamental para la nación, que no admite dilación ni vacilaciones: la construcción de un país más próspero y más justa que responda a las legítimas aspiraciones de los hombres y mujeres de México.

Muchas gracias.