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Economista, 11 de Febrero del 2013 La Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción (CMIC) presentó la semana pasada a la Comisión de
Infraestructura de la Cámara de Diputados una propuesta de modificación a la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas con el objetivo de establecer las
mejores condiciones para el desarrollo del sector en los siguientes años.
En los 64 artículos involucrados en el documento se busca generar certeza jurídica para
las partes involucradas, transparencia y equidad en los procesos de contratación,
aplicación y forma, mejorar los instrumentos de solución de controverias y privilegiar
los beneficios sociales y económicos sobre los procedimientos de control ya establecidos
por ejemplo: Una buena regulación de las contrataciones públicas genera efectos virtusos
para todos. Por una parte, permite que el Estado haga un uso eficiente de los recursos
públicos lo cual genera eficiencia y certidumbre que son las dos condiciones necesarias
para incentivar la competencia y la inversión, se explica en el documento.
El presidente de la CMIC, Luiz Zarate, ha reiterado en diversos foros la necesidad de
sentar las bases de una política transexenal en el sector porque una visión de corto y
mediano plazo limita el desarrollo económico del país.
UNA REFORMA CON FUTURO
Durante el 2012, el representante de los constructores lideró los trabajos de análisis
junto con el Colegio de Ingenieros Civiles de México y la Cámara Nacional de Empresas de
Consultoría. Además se reunió con integrantes de Pemex, Comisión Federal de
Electricidad y la Comisión Nacional del Agua entre otros organismos, para que la
viabilidad de la propuesta de modificación sea mayor.
Manuel García, vicepresidente de Normatividad de la Cámara, comentó que entre los
objetivos de la modificación está evitar que se presente más atención en los
contratos, en ver si te multo, si no te pago o si reviso un precio que en la ejecución de
la obra como lo han manifestado las constructoras afiliadas.
Al respecto, se ha propuestato que las dependencias que elijan el mecanismo de puntos y
porcentajes presten mayor relevancia a la calidad y precio de las proposiciones,
observancia y cumplimiento de normas laborales y de aquellas relacionadas a la industria
que permitan mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Además de la
exigencia de proyectos ejecutivos completos.
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Ing. Jorge Esparza Santiago
