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En
el país existen 115 presas y bordos con fallas que representan un alto grado de riesgo y
que pueden ocasionar muertes, daños o destrucción de poblaciones, de carreteras, de
infraestructuras eléctricas, en zonas productivas y hasta “parálisis
económica”.
Así
lo estableció la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en un documento en el que solicita
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorización para ejercer 300 millones
de pesos, para realizar estudios y así decidir alternativas para mejorar la seguridad en
esas presas e, incluso, “de no ser posible, recomendar ponerlas fuera de
servicio”.
Después
de los huracanes Ingrid y Manuel, la Conagua trabaja en el reporte actualizado de las
presas, sobre el estado actual que guardan en las entidades que resultaron afectadas como
Guerrero, Veracruz, Sinaloa y Tamaulipas.
En
la reunión nacional de evaluación de las zonas de desastre, realizada ayer, el director
general de la Conagua, David Korenfeld, informó que se mantiene especial vigilancia en 57
presas y 67ríos “que siguen en niveles de alerta”, y que trabajan con los
particulares que operan 70 por ciento de las más de 5 mil 100 presas que hay en México,
“para determinar el riesgo que tiene cada una de ellas, porque aunque sean pequeñas
o grandes, al verter por ahí avanzan grandes cantidades de agua”.
Respecto
a las 115 identificadas como de alto riesgo e incluidas en el compromiso 51 del Pacto por
México, que se encuentran en 23 de los 32 estados del país, con una población superior
a 90 millones de habitantes, requieren 200 análisis en materia geológica, geotécnica,
hidráulica estructural y funcional, así como evaluaciones de ordenamiento territorial
para verificar las condiciones en la zona de influencia de las presas o bordos; en
particular, invasión de embalses y cauces, crecimiento de población y desarrollo de
infraestructura.
La
Conagua no cuenta con personal suficiente, equipos de exploración, laboratorios ni
programas de cómputo para realizar dichos estudios.
“De
no realizarse los estudios descritos anteriormente y las obras necesarias que de ellos
emanen, las afectaciones por la falla de las presas se verán reflejadas en la pérdida de
vidas humanas, centros de población urbanos y rurales, infraestructura existente (vías
de comunicación o electricidad), zonas productivas (agrícolas, ganaderas, pesqueras,
avícolas o industriales), así como desabasto en el suministro de agua potable,
parálisis económica, entre otros”, advierte la Conagua en el documento.
En
el Proyecto de Inversión entregado por la Conagua a la SHCP para su autorización se
advierte que durante la temporada de lluvias o incluso en su operación normal, las presas
y bordos “pueden representar situaciones de peligro por la falla en sus estructuras
y, en consecuencia, daños a la población, a sus bienes e infraestructura ubicada aguas
abajo, susceptible de resultar afectadas en caso de un desbordamiento por insuficiencia de
la obra de excedencias, ruptura o falla total de la cortina. El peligro aumenta por el
envejecimiento de las estructuras, el diseño
inadecuado y la falta de conservación”.
La
Conagua estableció también que durante los últimos 20 años, se han reportado 187
presas falladas o en peligro de falla correspondiente a 3.7por ciento del total, y la
mayoría de ellas se debe a rebases de la cortina por insuficiencia del vertedor,
tubificación del cuerpo de la cortina y deslizamientos.
Informa
además que se realizan solo inspecciones visuales para identificar anomalías y posibles
fallas, y a partir de ésas, se catalogaron 115 presas y bordos con riesgo alto para la
población.
Este
tema está incluido en el compromiso 51 del Pacto por México, que establece revisar y
rehabilitar a las presas con alto riesgo. Los estudios servirán para tomar medidas de
mejoramiento de seguridad estructural, funcional y operacional.
La
Conagua, calculó que realizar estos estudios solo con sus recursos materiales y humanos
llevaría 10 años y una inversión de 480 millones de pesos, por lo que decidió, como
mejor opción, contratar a empresas públicas o privadas para estos análisis con un costo
de 300 millones de pesos.
Según
el plan de la Conagua, para 2018 se concluirán las acciones resultantes de los estudios y
se podrán conocer las acciones que se requieren.
El
programa de estudios especializados a presas de almacenamiento, derivadoras y bordos en
alto riesgo, está contemplado en la partida presupuestal.
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Ing. Jorge Esparza Santiago
