La jueza obliga al ejecutivo federal, a la Cámara de Diputados y a todas las autoridades encargadas de la implementación de los programas ETC y LEEN, incluyendo la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público adoptar todas las medidas que se estiman pertinentes, a fin de qué se sigan otorgando los beneficios que se encuentran previstos en aquellas (ET), incluyendo los ajustes presupuestarios que se estimen convenientes para este fin.
Asimismo "la jueza reconoció que se afectó desproporcionadamente a las mujeres madres de familia, quienes dependían de las ETC para tener un lugar seguro para sus hijas e hijos, mermando la posibilidad de que (...) desarrollen de manera efectiva sus proyectos de vida y la posibilidad una estabilidad laboral que tiene impacto en su economía", señala en un comunicado de la organización Mexicanos Primero.
Al igual la organización destacó qué exhorta a la SEP "para que no se comporte como enemiga de lo que dice apreciar y que la SHCP responda en forma veloz y afectiva a un cumplimiento honesto; puede y debe hacer un reajuste del modo de gastar el dinero alimento".
El programa beneficiaba a cerca de 27 mil escuelas y a 3.6 millones de NNyA, quienes recibían horas adicionales de aprendizaje, además que en las escuelas recibían su primer alimento del día.
En marzo pasado este diario publicó que la eliminación de este programa también expone a mayores riesgos de reclutamiento infantil por parte del crimen organizado, trabajo forzoso, accidentes y abandono escolar.
