Según el IMCO, el mensaje de incertidumbre jurídica no solo impactará las inversiones en el sector energético, sino que también tendrá repercusiones en la economía general. La falta de un compromiso creíble con el Estado de derecho por parte del Gobierno mexicano podría erosionar la confianza de los inversores.
Entre las principales preocupaciones, el IMCO señala que la reforma reduce la competencia en la generación eléctrica, lo que afectará los incentivos para mejorar la eficiencia y reducir costos. Además, la inversión en generación eléctrica ha disminuido considerablemente, pasando de 54.5 mil millones de dólares entre 2013 y 2018, a solo 13.4 mil millones de dólares entre 2019 y 2024.
El IMCO también advierte que el enfoque político que favorece a la CFE limitará las oportunidades de inversión privada en energías renovables, lo que frenará la transición energética. Además, la responsabilidad de modernizar la infraestructura eléctrica recaerá completamente en la CFE, en un contexto de subinversión en la Red Nacional de Transmisión.
Finalmente, el IMCO critica la eliminación del mandato de Pemex y CFE de generar valor económico, lo que permitiría que ambas operen con pérdidas, impactando las finanzas públicas. El instituto insta al Gobierno a garantizar certidumbre jurídica y a diseñar una legislación secundaria que mitigue los riesgos asociados a esta reforma.
