Los órganos de la Cámara Alta respaldaron, este lunes 14 de octubre, la minuta que envió la Cámara de Diputados para modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política que pretende proveer a los ciudadanos de electricidad al menor precio posible.
El dictamen, que pasará al Pleno en los próximos días, también anula del texto constitucional el concepto de "empresas productivas del Estado" y lo sustituye por el de "empresas públicas del Estado" y detalla que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas como el litio y el servicio de Internet que éste provea; ni la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, que tienen la encomienda de preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, mencionó que la reforma constitucional "revindica el patrimonio" de los mexicanos debido a que "los recursos naturales energéticos serán para beneficio de la gente".
Durante el debate, Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, recordó que antes del año 2013, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generaba 63 por ciento de la electricidad, mientras que las empresas privadas el 37 por ciento, pero en la administración de Enrique Peña Nieto esto se invirtió, y en 2021 el sector privado generó 62 por ciento de la electricidad y la CFE sólo 38 por ciento.
La senadora de Morena, Beatriz Mojica Morga, señaló que, entre otras cosas, la enmienda constitucional ayudará a "poner orden a los saqueos" de la industria eléctrica, y servirá para llevar Internet a comunidades indígenas y afromexicanas apartadas.
Agustín Dorantes Lámbarri, del PAN, advirtió que la minuta "no aborda las crisis financieras" de PEMEX y de la CFE, sino que les permite operar como empresas sin rentabilidad, lo que traerá pérdidas millonarias que impactarán en el bolsillo de los ciudadanos, mientras que Claudia Anaya aseguró que la reforma genera incertidumbre para el mercado nacional e internacional, ya que no se garantiza certeza legal sobre la regulación del sector.
