El viernes pasado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó por fin el Acuerdo A/113/2024 de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG) para la integración de los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica (SAE) al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
El órgano de gobierno de la CRE aprobó este Acuerdo en sesión del 30 de septiembre del año pasado, último día de la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no fue sino después de seis meses que se publicó en el DOF en el contexto del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y del proceso legislativo que emitirá la nueva regulación en materia de energía.
Por el retraso en su publicación, las DACG aún no contemplan, por ejemplo, la desaparición de la propia CRE y la absorción de sus funciones por la Comisión Nacional de Energía (CNE), o la sustitución de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), vigente desde 2014, por la nueva Ley del Sector Eléctrico (LSE).
"No hay problema, nos podemos adaptar porque ya los transitorios de la Ley del Sector Eléctrico establecen que se siga usando la regulación existente", comentó Valeria Amezcua, consultora en Regenerative.
Las DACG en materia de almacenamiento se suman a toda la regulación que continúa vigente, en tanto las 11 leyes secundarias ocho de nueva creación y 3 con reformas y modificaciones no sean aprobadas por el Congreso de la Unión, promulgadas por la presidenta Sheinbaum Pardo y publicadas en el órgano oficial de difusión.
"En un futuro, la nueva CNE va a tener que empezar a actualizar otra vez todas las regulaciones del sector, incluyendo la de almacenamiento, y todas las otras decenas de regulaciones que hay", añadió Amezcua.
Certeza para las inversiones
La especialista en regulación energética también explicó para Energía a Debate que la publicación de las DACG es un paso positivo para el desarrollo del almacenamiento de energía en México, principalmente para la generación renovable, toda vez que ofrece la esperada certeza legal para hacer las inversiones en infraestructura, como los bancos de baterías, por ejemplo.
Igualmente, destacó como un punto positivo que las DACG mandatan al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para que elabore y emita una guía que defina los procesos de interconexión de los SAE y, con base en estudios técnicos, determine el porcentaje mínimo requerido de almacenamiento que deberá tener cada generador en su sistema.
"El Cenace va a hacer un estudio de variabilidad y, a partir de ahí, va a establecer cuál sería el mínimo de almacenamiento que requeriría y la obligación sería por ese mínimo. Se puede poner más, pero ya sería voluntario", agregó.
