Analistas de Moodys Local México han destacado que esta reforma y su legislación secundaria establecen reglas más claras para los participantes del sector, lo que podría atraer una mayor inversión privada.
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la creación de un esquema de "productores mixtos", donde los privados pueden participar en proyectos de generación junto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con una inversión de hasta 46%.
Este modelo busca fomentar la colaboración entre el sector público y privado, promoviendo la eficiencia y la innovación en la generación de energía.
Además, la reforma introduce mecanismos como los contratos de producción de largo plazo con venta exclusiva a la comisión dirigida por Emilia Calleja Alor, el autoconsumo aislado o conectado a la red, y la generación sin restricciones en el mercado eléctrico mayorista.
Estos cambios no solo buscan aumentar la participación privada, sino también facilitar la transición hacia energías limpias, creando oportunidades de inversión en proyectos renovables.
La reforma también plantea desafíos para la CFE: al cambiar su estatus jurídico a una Empresa Pública del Estado, la CFE ya no está sujeta al pago del Impuesto sobre la Renta y no podrá compensar las pérdidas fiscales de años anteriores.
Estas pérdidas fiscales acumuladas representaban activos por impuestos diferidos por un monto de 126 millones 405 de pesos al cuarto trimestre de 2024.
Además, su objetivo principal será proveer electricidad al menor costo posible sin fines de lucro, lo que podría limitar su rentabilidad a largo plazo.
Las leyes secundarias en materia energética, publicadas el 18 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, buscan consolidar la soberanía energética y reducir la dependencia del sector privada.
Estas leyes establecen un marco jurídico claro para las actividades de transición energética y los sectores eléctrico y de hidrocarburos, fortaleciendo la regulación y la trazabilidad en los procesos.
