México tiene el potencial de beneficiarse de estos cambios y utilizarlas para catalizar mayores niveles de desarrollo y bienestar para la población, pero para alcanzar estas aspiraciones, requiere una matriz energética suficiente y diversificada que pueda adaptarse a cambios abruptos en la oferta y demanda.
Por su importancia para el desarrollo económico, ambiental y social, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), ha analizado la evolución del sector energético en nuestro país desde un enfoque de competitividad, sostenibilidad y responsabilidad fiscal. En este sentido, el IMCO plantea una agenda de política pública para los tres subsectores centrales de la energía: petróleo, gas y electricidad.
La ruta propuesta parte de entender el rol del petróleo, y especialmente de la renta petrolera, en la transición energética, del gas natural como combustible de transición más eficiente, asequible y limpio que sus demás contrapartes fósiles, y de las necesidades de expansión y modernización de las redes eléctricas, así como de la expansión de la capacidad de generación eléctrica con la menor huella de carbono posible.
Apuesta por maximizar el valor del petróleo.
De acuerdo con el Instituto, para el caso del petróleo, México tiene que apostar por maximizar el valor de este activo desde una perspectiva de equidad intergeneracional, es decir, lograr que los ingresos provenientes de la explotación de un recurso no renovable como el petróleo beneficie a las generaciones que vivirán una vez que se agote.
Ante este panorama, el IMCO propone: promover la colaboración entre Pemex y operadores privados para diversificar el riesgo operativo y financiero de la exploración de campos y obtener beneficios de las capacidades de otros operadores. Al mismo tiempo, estas asociaciones ofrecen a la petrolera del Estado la posibilidad de adquirir capacidades y aprovechar la transferencia de tecnología para explotar yacimientos sin tener que usar recursos públicos de inversión.
Asimismo, rediseñar el funcionamiento del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) para financiar la transición energética; desarrollar una estrategia para que las refinerías procesen productos de mayor valor agregado y para reconfigurar las instalaciones para petroquímica; y facilitar el otorgamiento de permisos de importación de combustibles.
Gas natural como combustible de transición.
El país puede aprovechar las ventajas del gas natural como combustible de transición. La demanda de gas natural en México ha registrado un crecimiento sostenido que no se ha visto acompañado de la infraestructura de transporte y almacenamiento. El país se ve limitado para responder a cambios abruptos en la oferta o demanda.
Ante la creciente dependencia de importaciones de gas natural provenientes de un solo proveedor (Estados Unidos) y el riesgo que ello implica para la seguridad energética del país, es necesario que el Estado mexicano establezca una política de almacenamiento de gas natural que permita la participación expedita del sector privado en su ejecución.
El conflicto entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las empresas encargadas de construir ductos en 2019 es reflejo de la problemática que enfrenta el desarrollo de proyectos de energía en México.