
Los trabajos, estudios, proyectos de inversión, acciones y demás actividades relativas a la Planeación deberán alinearse al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, así como guardar congruencia con otros programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo, como son el Programa Nacional de Cambio Climático y el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial, precisó.
A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), mencionó que la elaboración de la prospectiva será coordinada por la Dirección General de Servicios Técnicos (DGST), para ello, requerirá de la participación de las Unidades Administrativas, incluyendo órganos desconcentrados de la secretaría y, en su caso, de la participación de otras dependencias o entidades de la administración pública federal.
El documento deberá cumplir con 16 puntos, entre ellos destacan una planeación a 10 años, diagnóstico de la situación actual de la red carretera federal y de la ferroviaria, atención a zonas marginadas, conectividad de los principales polos de desarrollo, puertos y centros turísticos del país, así como la mejora en la conectividad con las fronteras de América del Norte y Centroamérica, siniestralidad e inversión.
Además, cada mes de enero de cada año, la DGST presentará a la subsecretaría el contenido preliminar y el cronograma de trabajo para la prospectiva del año siguiente, tomando como base la del año inmediato anterior, deberá concluirse a más tardar durante los primeros 15 días de julio.
Mientras que durante agosto se atenderán y solventarán los comentarios realizados por la subsecretaría, quien presentará en septiembre la prospectiva predefinitiva a consideración de la aprobación de la SICT.
No se podrán desarrollar ni instrumentar proyectos de inversión que no estén contemplados en la prospectiva, con excepción de las obras que se consideren prioritarias para la persona titular de la SICT, para el Gobierno federal o aquellas requeridas por alguna emergencia justificada. Tampoco se podrán tramitar recursos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proyectos que no estén previstos conforme a lo establecido en el acuerdo, dijo.
Los actos contrarios u omisiones en que incurran los servidores públicos en cumplimiento al marco de los trabajos de elaboración de este documento y demás actividades previstas serán sancionadas conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.