Por distintas razones, la producción de vivienda social disminuyó de manera importante durante esta administración. En 2010 construimos 250,000 viviendas populares, en 2017 alrededor de 136,000, en 2022 solamente 56,000. Por supuesto, la crisis del covid influyó, pero también otros factores como el retiro del subsidio a la construcción de vivienda nueva, menos apoyos de créditos puente por parte de la banca de desarrollo, más restricciones a la vivienda financiada por el Infonavit, crecientes regulaciones a nivel local y la poca capacidad de la banca de expandir el financiamiento hipotecario a nuevos sectores de la población. La producción de vivienda residencial también disminuyó, pero no en la misma magnitud, por lo que se incrementó la disparidad en la capacidad de poder acceder a una vivienda entre personas de distintos ingresos. La menor producción de vivienda social necesariamente tiene un impacto negativo en el ordenamiento de las ciudades y es una amenaza para el suelo de conservación, porque la personas siempre van a buscar un lugar en donde vivir. Los subsidios a la vivienda nueva se destinaron a la mejora y a la auto producción de vivienda, el problema es que esta actividad actualmente se realiza sin supervisión, lo que implica riesgos de desvío de los recursos e incluso de protección civil. Atender lo asentamientos que existen y mejorarlos, así como apoyar la auto producción, es deseable y necesario, es lo que requiere un sector de la población, pero la asistencia técnica y la regulación de la tenencia de la tierra deben ser parte de dicha política.
En las próximas fechas se va a presentar un estudio diagnóstico por parte de la Canadevi con propuestas para el sector, en la cual se advierte de la necesidad de incrementar la oferta de vivienda accesible en el país, de acuerdo con las necesidades de los distintos tipo de población. Una propuesta precisamente es incrementar la producción y mejorar el acceso a la vivienda en renta, y poder utilizar el ahorro del trabajador en el Infonavit para que sirva de garantía de renta y para financiar esquemas de arrendamiento que después, en ciertos casos, se conviertan en compra definitiva. Se requiere que los esquemas del Infonavit, así como otro tipo de apoyos, fomenten la construcción de viviendas para renta por parte de privados, de organismos de vivienda estatales y otros actores sociales como las cooperativas y los sindicatos. Es polémico el hecho de proponer que el Infonavit construya vivienda para renta, por las dificultades logísticas de dicha política, pero, en todo caso, la mayor oferta de vivienda en renta, impulsada por el Infonavit y otras instituciones públicas, tendría que ser una tarea compartida con el sector privado y los gobiernos locales, para que pueda expandirse en el corto plazo. Urge construir más vivienda para renta, pero también más vivienda asequible para compra, ubicada en las áreas centrales de las ciudades, sustentable, bien provistas de servicios y en las orientadas al transporte. En los diálogos de la candidata Sheinbaum se propone poder construir 100,000 viviendas asequibles al año, se trata de una meta realista, que duplicaría la producción actual. Para eso se requiere mantener ciertas políticas, para regular mejor el suelo, pero también recuperar otras de administraciones anteriores, para mejorar el financiamiento, y generar una buena coordinación, nuevas instituciones y mecanismos de gobernanza entre actores nacionales, locales y la industria.
