El diputado Hamlet García Almaguer aseguró que la iniciativa de reforma constitucional en materia de vivienda, presentada recientemente por el presidente de la República, contribuye a resolver problemáticas que enfrentan los trabajadores en el acceso a una propiedad.
En conferencia de prensa, recordó que dicha iniciativa pretende crear un Sistema de Vivienda con orientación social bajo el concepto de arrendamiento. Esto con la finalidad de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) no solamente participe en la compra de vivienda, sino con un programa de renta, especialmente para los jóvenes.
Se requiere cotizar solamente un año en el Infonavit para tener acceso a este beneficio. Y, además, la renta estaría subsidiada, topada y no podría ascender del 30% del salario. Muchos análisis económicos señalan que el umbral tolerable para destinar hacia la vivienda es ese porcentaje, más allá se vuelve insostenible.
Además, si las y los jóvenes que están arrendando una vivienda bajo este derecho que se crearía con la iniciativa, evolucionan en su carrera profesional y dentro de un tiempo quieren adquirir esa vivienda, se les reconoce que tienen el derecho de preferencia para adquirirla después de haberla rentado durante 10 años , detalló García.
Por otro lado, el legislador destacó que otra de las iniciativas presentadas por el Presidente busca modificar el artículo segundo constitucional, con el fin de reconocer la personalidad jurídica de los pueblos indígenas y afromexicanos, que sean sujetos de derecho público.
Significa que si nuestras comunidades afromexicanas sufren alguna afectación por parte de una obra, ellos estarán en condiciones de impugnar esta determinación sin necesidad de un notario público o de conformar un bloque.
Segundo, que antes de que se ejecuten estas obras o proyectos se les consulte a los pueblos originarios, a las comunidades afromexicanas, cuando se quieran adoptar medidas, tanto legislativas como administrativas , subrayó.
Y, otra de las iniciativas busca dejar asentado en la Constitución que todas las personas de 65 años en adelante tengan acceso a una pensión; así como también quienes tengan una discapacidad permanente.
Nosotros transitamos de los programas sociales a los derechos sociales. Cuándo se convierten en derechos sociales, cuando se les dota de un contenido de universalidad y generalidad , dijo García.
