
Es un cambio significativo en la forma en que se planifican las calles en nuestras urbes, pues antes la normatividad al respecto estaba dedicada a las carreteras, que sirven casi exclusivamente para el tránsito de vehículos automotores. Más aún, en la práctica, la falta de planeación urbana y el modelo económico dominante de los últimos 50 años, fomentó la creación de vías para el uso intensivo del automóvil privado por encima de personas peatonas, ciclistas y usuarias del transporte público.
Esta visión dio como resultado infraestructuras marginan a una gran parte de la población y que perpetúan modelos de desarrollo insostenibles. Las consecuencias son visibles: desde banquetas estrechas y poco accesibles hasta una falta casi total de infraestructura ciclista, lo que compromete la seguridad y calidad de vida de las y los ciudadanos. En las últimas décadas, aumentó la congestión vial, subieron los niveles de contaminación y creció el número de siniestros de tránsito. Esto último, cabe mencionar, es una de las principales causas de muerte, traumatismos y generadores de altos costos de salud, económicos y sociales: de acuerdo con los últimos datos disponibles de INEGI, en 2022, hubo 377,232 accidentes de tránsito, en los que hubo 5,181 personas muertas y 91,501 lesionadas.
Así pues, la NOM tiene un objetivo claro: establecer criterios para distribuir las calles de manera más justa y, por lo tanto, hacerlas más seguras e incluyentes; cumpliendo con la jerarquía de la movilidad establecida en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMySV), la cual pone como prioridad la infraestructura peatonal, la de vehículos no motorizados y transporte público. En esa misma línea, la norma considera en todo momento, las necesidades de desplazamiento de la población con discapacidad o movilidad limitada, infancias, mujeres y personas adultas mayores.
Entre los estándares establecidos están, por ejemplo, que las banquetas deben tener un ancho mínimo de 1.80 m. y que las rampas en ellas no pueden tener una pendiente mayor a 5%. Se regula también el ancho óptimo de las ciclovías, que debe ser de 2.20m; el diseño de zonas con velocidades máximas de circulación de 20 y 30 km donde se requiera; áreas de ascenso y descenso de pasajeros y el ancho de carriles para vehículos motorizados 2.70 m para las vías primarias y 2.50 m para las secundarias y terciarias, lo cual tiene como fin disminuir la velocidad. Más aún, se dejan de promover como soluciones a problemas urbanos, infraestructuras que van en contra del derecho humano a la movilidad, como la construcción de pasos a desnivel tanto peatonales como vehiculares.
Esta NOM recientemente publicada es un paso entre muchos que faltan para lograr cambios reales en nuestras ciudades y busca llevar a la práctica el derecho a la movilidad consagrado en nuestra Constitución desde el año 2020.
No obstante, hay que dejar en claro que también se corre el riesgo, como sucede a menudo en nuestro país, de que muchas de sus disposiciones se conviertan en letra muerta. En ese sentido, hago un llamado a que todas y todos, busquemos su implementación: si todas las partes del Estado mexicano, desde los gobiernos, hasta los medios de comunicación, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil, pasando por las personas ciudadanas "de a pie", nos damos a la tarea de conocer el instrumento, debatirlo y promoverlo, la tarea será más fácil.
Para concluir, quiero señalar que la aplicación de la norma será oficialmente obligatoria a partir del 11 de junio para todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno involucrados en proyectos de vías urbanas, existentes o nuevas, desde el diseño hasta la ejecución. No obstante, desde ahora, las puertas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) están abiertas para compartir saberes y experiencias y, de esa manera, asesorar y contribuir en la supervisión de los proyectos que surgirán en las administraciones municipales y estatales. Así pues, tenemos mucho trabajo por hacer, pero no queda duda de que hay motivos suficientes para pensar que, más pronto que tarde, nuestras ciudades serán más justas, incluyentes, democráticas y seguras.