En Zacatecas, el 20.2 por ciento del total de viviendas está deshabitado, mientras que en Hidalgo, la proporción es 19.1 por ciento y en Michoacán de 18.3 por ciento.
En estas tres entidades, el nivel de desocupación está por arriba de la media nacional y de la Ciudad de México, cuyo nivel es 6.8 por ciento.
Las viviendas se encuentran deshabitadas por la ubicación en la que se encuentran, la falta de servicios y el desplazamiento de la población por violencia o fenómenos naturales, explicó Nabor al referirse al documento Principales resultados del estudio diagnóstico y evaluación integral del derecho a la vivienda 2023-2024.
En la mesa de discusión Hacia una vivienda adecuada: desafíos, acciones y estrategias en la garantía del derecho a la vivienda en México realizada en el evento "Propuestas de Coneval para avanzar en la garantía de los derechos sociales", Nabor detalló que 62 por ciento de las viviendas de México fueron autoproducidas, lo cual sucede en todos los contextos socioeconómicos y suele ser la primera opción de generación de vivienda para las personas que no tienen acceso a financiamiento formal.
Nabor detalló que una de cada 10 personas en el país cocina sus alimentos con leña y carbón sin contar con una chimenea que expulse los gases fuera. Respecto al agua potable, informó que 6.2 de la población la recibe en otro lugar que no es su vivienda.
"Identificamos en este diagnóstico, la expulsión de habitantes como efecto de la gentrificación, las condiciones de habitabilidad para las personas jornaleras agrícolas en los centros de trabajo a lo largo del país", explicó.
A su vez, la ausencia de vivienda adecuada durante la pandemia y la vivienda como instrumento de inversión.
El secretario ejecutivo de general aseguró que en 2022, el 9.1 por ciento de la población presentaba la carencia por calidad de espacio de la vivienda.
Por otra parte, la Coneval informó en un comunicado que existen retos estructurales que impiden garantizar el derecho a la salud como son: la fragmentación y segmentación del sistema público de salud, la falta de directrices integrales acerca de su funcionamiento y de coordinación en el marco de su reconfiguración.
Además, destacó la baja inversión y la asignación desigual de los recursos entre subsistemas, así como la calidad diferenciada de la atención y los servicios.
Como consecuencia de la baja inversión, la fragmentación de los sistemas y las desigualdades en el financiamiento, el gasto per cápita en salud para la población sin seguridad social es de 3 mil 979.7 pesos en comparación con 5 mil 446.0 asignados a la población con seguridad social.
La Coneval expuso que es necesario regular la generación y calidad de bienes y servicios de salud, incluyendo los ofrecidos en los Consultorios Adyacentes a Farmacias (CAF), y crear un Sistema Nacional de Inteligencia en Salud para contar con información para la planeación, implementación y seguimiento de la política de salud, así como para reaccionar de manera oportuna ante emergencias sanitarias.
