Así lo expusieron el titular de la Secretaría de Vivienda, Inti Muñoz; el director general de Servicios Metropolitanos, Carlos Mackinlay Grohmann, y el presidente de la Canadevi Valle de México, Leopoldo Hirshornn Cymernan, al participar en un foro organizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
Mackinlay señaló que Servimet implementará las acciones necesarias, entre ellas la actualización de la Norma 26, para facilitar la participación de las empresas dedicadas a la construcción de vivienda asequible en la Ciudad, y mediante la creación de un fideicomiso público-privado, a través del cual dicho organismo se convierte en socio de los desarrollos inmobiliarios.
"La mayor parte de las acciones son vivienda nueva, y las otras son reconstrucción, remodelación o mejoramiento de vivienda", explicó Mackinlay en entrevista, posterior al foro.
A su vez, el secretario de Vivienda enfatizó que la mayor parte de las 200 mil acciones de vivienda anunciadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, serán nuevas o rehabilitadas, principalmente a cargo de las instituciones públicas, donde la apuesta es que el sector privado sea aliado de la administración pública.
"Pero la parte que toca a las instituciones públicas de la Ciudad buscaremos llegue a las 100 mil-120 mil viviendas, en la intención de que las empresas privadas puedan producir vivienda asequible que complemente la necesidad que tiene la Ciudad", señaló Muñoz.
El presidente de Canadevi refirió que las empresas integradas en ese organismo podrían construir alrededor de 30 mil viviendas nuevas al año, de las que entre 12% y 15% tendrían un costo promedio de 1.8 millones de pesos, y para ello requieren de la actualización de la Norma 26 y que se establezcan zonas donde puedan edificarse inmuebles de seis niveles con 60 viviendas cada uno.
La titular de la Comisión para la Reconstrucción, Jabnely Maldonado, dijo que dentro de las acciones de vivienda también está proyectada la rehabilitación de inmuebles ociosos y en riesgo, para que puedan ser intervenidos, y tras garantizar su seguridad estructural, sea autorizado su uso habitacional.
