Las desigualdades socioeconómicas dentro de la Ciudad de México tienen un impacto directo en la esperanza de vida de su población, ya que el tipo de vivienda, la infraestructura y el acceso a servicios que puedan tener o no los más de 9 millones de habitantes de la urbe son determinantes para su salud física y mental.
De acuerdo con un informe emitido por el Instituto para la Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), de las 16 alcaldías que conforman la capital, la de mayor esperanza de vida es Benito Juárez, con un promedio de 72.89 años.
Mientras tanto, las demarcaciones con el indicador más bajo tienen una diferencia de más de nueve años con respecto a Benito Juárez, son:
Venustiano Carranza: 63.26 años.
Iztapalapa: 63.28 años.
Cuauhtémoc: 65.54 años.
Tláhuac: 64.61 años.
"Vivimos en una ciudad muy desigual. Simplemente por nacer, crecer, vivir y desarrollarse en una localidad determinada, hay un impacto en los años de vida de las personas. Estos datos son demoledores", comentó Federico Taboada López, director general del IPDP.
Si bien, se ha atacado la disparidad en los ingresos a través de aumentos al salario mínimo en los últimos años, el experto sostuvo que no es suficiente para abatir la desigualdad extrema, ya que "la vivienda que hoy se construye en la Ciudad de México solo la puede pagar 3% de la población más rica".
Como un efecto en cadena, la escasez de vivienda en zonas con infraestructura y servicios han mermado el derecho a la salud, considerado hace más de 100 años en el artículo 4to de la Constitución Mexicana.
Según datos del instituto, 40% de la población de la capital requiere cuidados, en su mayoría son niños y niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad que necesitan atención e instalaciones especiales.
La vida en el transporte
A pesar de ser una de las urbes del país con mayor volumen de población sujeta a cuidados, el IPDP encontró que en la Ciudad de México casi cuatro de cada 10 de estas personas viven alejados de la infraestructura disponible para sus necesidades.
Así, la movilidad se ha vuelto una problemática de salud pública, no solo para grupos vulnerables por condiciones médicas, sino para las personas con menores ingresos. Según Taboada, el viaje promedio para alguien que vive en las periferias es de 1 hora con 45 minutos, mientras que aquellos ubicados en las alcaldías centrales viajan solo 25 minutos.
"Esto, por un lado, nos habla de política de transporte, pero también de desarrollo de vivienda. Eso afecta directamente la calidad de vida. La política de movilidad es 95% usos de suelo y 5% transporte. Si acercamos el destino con el origen del viaje, el modo de transporte puede ser muy distinto", dijo Taboada.
Urgen políticas de suelo
Para Carla Escoffie, abogada y activista, el derecho a la vivienda y a la ciudad son dos caras de la misma moneda: el hábitat. Por lo que considera urgente crear una política de banco de suelo, con el fin de generar espacio para un desarrollo habitacional adecuado.
"Reivindicar los derechos humanos en las ciudades implica que todas las personas tenemos derecho a los espacios públicos, cuestionar la arquitectura hostil, el cómo solucionar conflictos a través de espacios de conciliación entre las personas. La ciudad es una necesidad humana que no es opcional", declaró.
En este sentido, los expertos remarcaron que es necesario que el gobierno replantee su papel e intervenga en el mercado inmobiliario para asegurar la construcción de proyectos en zonas equipadas.
"Esto no significa que no tenga que haber vivienda del sector privado, pero se debe priorizar el derecho a la vivienda antes que la especulación; los espacios públicos antes que los centros comerciales, y el transporte público antes que privado", apuntó Taboada.
