Lo anterior, debido a que, a consecuencia de los juicios irregulares que se llevan a cabo en el país, miles de familias mexicanas han perdido su patrimonio.
Al respecto, la senadora Olga Sánchez Cordero llamó a crear acuerdos con el notariado mexicano y otros organismos; pues, de esta manera, se podrían resolver casos donde no es necesario un juicio.
Asimismo, mencionó que es necesario fortalecer el sistema de defensoría pública en materia familiar y civil. Esto porque muchas personas no tienen acceso a la representación legal; además de que, en ocasiones, el personal no está debidamente capacitado para este tipo de juicios.
Por su parte, el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit), Carlos Martínez Velázquez, destacó que en esta administración se suspendieron los juicios hipotecarios y las subastas; ya que con estos procesos las familias perdían sus hogares al no poder pagar su deuda; además de que significaban un mayor costo financiero y menores rendimientos en las cuentas de vivienda.
De igual manera, el funcionario coincidió en la creación de juicios civiles especializados en materia hipotecaria; con jueces y personal capacitado para atender este tipo de conflictos entre deudores e instituciones financieras. Así, sería posible brindar certeza jurídica a más de 1 millón de trabajadores.
En tanto, la diputada Lilia Aguilar Gil, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, consideró que en los juicios hipotecarios se debe tratar a la vivienda como un derecho humano; además de que en estos procesos los deudores deben poder defenderse.
Es decir que "si tú tienes un crédito y no estás en condiciones de hacer frente a tu deuda, puedas hacer una restructura a través de un juzgado o mediador; pero que tengas el derecho a defenderte en un juzgado y que no lo hagan en tu ausencia", dijo.
Además, la legisladora recordó que en administraciones pasadas del Infonavit se trató a la vivienda como mercancía y no como un derecho humano. Lo cual derivó en un fraude de juicios hipotecarios equivalente a 2,257 millones de pesos; mismo que afectó a más de 200,000 familias de Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
"Era hace una vez un director del Infonavit, en el 2014, que decidió que la vivienda tenía que ser tratada como en regímenes anteriores, como una transacción comercial y no como un derecho humano. Ellos se prestaron a hacer un fraude millonario, que eran los juicios masivos del Infonavit", denunció.
