Sin embargo, México atraviesa por un panorama habitacional crítico, ya que, la construcción de viviendas nuevas ha caído a su nivel más bajo en los últimos nueve años, según el Registro Único de Vivienda (RUV). Entonces, en un país que es considerado el onceavo más poblado del mundo, con más de 126 millones de habitantes, ¿en dónde viven las personas?
El presidente de Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi ), Luis Alberto Moreno Gómez Monroy, explicó que la disminución en el desarrollo de vivienda formal ha desatado problemas de hacinamiento y vivienda irregular, lo que ha provocado poner en riesgo el patrimonio y la integridad de los habitantes de menores recursos.
"Si no hay vivienda nueva, ¿qué está pasando con los mexicanos? Pues muchos se están hacinando, es decir, viven con los papás o con los suegros; o construyen vivienda irregular en zonas como barrancas, sin certidumbre jurídica", comentó el presidente de Canadevi nacional.
Esta situación, destacó el representante empresarial, se ha convertido en un problema de carácter económico y social, ya que la construcción no solo moviliza 37 ramas de la industria y 10 de servicios, sino que, la vivienda informal le cuesta al país 138,000 millones de pesos al año.
"La falta de vivienda genera muchos conflictos, empiezan a haber invasiones de terrenos que, desgraciadamente, las personas necesitadas se ven obligadas a hacer. También se venden lotes rústicos sin servicios ni documentos legales que amparen el patrimonio, lo que ocasiona un caos urbanístico y de servicios. Al final del día, al país le cuesta 138,000 millones de pesos la regularización de todos estos predios", afirmó el presidente de la Cámara.
Por su parte, Manuel González, director general de Canadevi en su delegación Valle de México, remarcó que la construcción de vivienda formal no solo ofrece un patrimonio seguro, sino que también contribuye al desarrollo urbano y al crecimiento económico del país, pues se crea infraestructura alrededor de los proyectos y se pagan impuestos.
Según el directivo, tan solo en la Ciudad de México, los desarrolladores de vivienda aportan alrededor de 120,000 pesos por concepto de agua y 150,000 en mitigación vial por proyecto, además de otros pagos como las licencias a la Secretaría de Finanzas.
"Pagamos impuestos, pagamos derechos de agua, del ambiente, vialidades. La vivienda irregular no, lo que le cuesta mucho al gobierno y a todos los mexicanos", dijo González.
La precariedad del hacinamiento
La Comisión Nacional de Vivienda reportó que, hasta el 2020, más de 33 millones de personas viven en condición de rezago habitacional, lo que equivale a 26.5% de la población total.
Uno de los elementos considerados en la precariedad de espacios en la vivienda es el hacinamiento, es decir, cuando una vivienda es habitada por 2.5 o más residentes por cuarto.
Al respecto, la investigadora de la organización Hábitat para la Humanidad, Jennifer Duncan, explicó que, si bien la existencia de asentamientos informales puede brindar alguna ventaja para las personas de menores recursos, al ofrecerles terrenos asequibles y suplencia de vivienda, una serie de problemas, que pueden ser graves, acompaña la vida en estos lugares.
"Además de una carencia de infraestructura y servicios básicos (incluyendo agua, alcantarillado y basura), las personas que viven en asentamientos informales a menudo soportan altos índices de criminalidad, tráfico de drogas y actividades del crimen organizado, la amenaza del desahucio, enfermedad, largos viajes al trabajo y a veces la muerte", apuntó la especialista.
