En una nota informativa enviada a la reportera, a propósito de la publicación del reportaje Damnificados del 19-S denuncian lucro gubernamental y electoral en la CDMX que se puede leer en la edición impresa de septiembre de Proceso, el organismo dirigido por Alonso Peña Collazo confirmó lo anterior al referirse al caso del inmueble ubicado en Río Tiber 24, colonia Cuauhtémoc.
En la publicación, la señora Sara Chío, integrante del Movimiento de Familias Damnificadas del 19-S, denunció que, aunque el Invi les prometió iniciar la reconstrucción del inmueble el 26 de mayo, hasta el 4 de agosto eso no había ocurrido. Agregó que el organismo desconoce su proyecto ejecutivo aprobado, les dice que solo les va a financiar 65 metros y el resto -pues sus departamentos eran más grandes-, lo podrían cubrir ellos con un crédito con el Invi.
"Somos gente de la tercera edad casi todos, ya no podemos aceptar un crédito a 20 años porque no quedará librado el departamento nunca", dijo.
La señora Chío murió el pasado lunes 28. La enfermedad que padecía se agravó durante los casi seis años que participó en protestas, marchas y reuniones para exigir el cumplimiento de la promesa que Claudia Sheinbaum, hoy aspirante presidencial de Morena, les hizo durante su campaña a la jefatura de gobierno de la CDMX de que todos los damnificados regresarían a sus casas construidas por su administración.
En la tarjeta informativa, el Invi explicó que una de las opciones para atender dicho inmuebles es "ajustar los proyectos arquitectónicos, edificando solo sus viviendas originales sin departamentos adicionales, para ello, el gobierno aportaría a fondo perdido lo correspondiente a 65 metros como lo contempla la Ley y el resto se podría financiar otorgándoles un financiamiento tasa a cero por ciento de interés y bajo las mismas características sociales con las que opera el Instituto de Vivienda, bajo el principio de que se trata de personas damnificadas".
Este mecanismo, justificó, "permite hacer menos complejas las estructuras y cimentaciones, reduce los tiempos de edificación, y social y urbanísticamente no genera conflicto puesto que no se construyen niveles ni viviendas adicionales".
Y aclaró que "esta alternativa nunca se presentó como condición necesaria para continuar con la reconstrucción de su inmueble y es falso que se busque obligar a las personas damnificadas a contraer forzosamente un financiamiento".
