Carlos Barreda, representante comercial en México de Stella Jones, consideró que con este acto el Gobierno federal busca que el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) funcione como una línea principal directa operada por un solo operador desde el Pacífico y hasta el Golfo de México.
"No obstante, se trata de un acto expropiatorio que difícilmente puede ser bien recibido por la comunidad empresarial del sector en el país, e incluso internacional. Tendrá implicaciones negativas en cuanto al ambiente de negocios, máxime si lo que se busca es obtener provecho del nearshoring en donde el gobierno debiera incentivar la inversión privada de capital en infraestructura de transportes garantizando la seguridad jurídica en el largo plazo", dijo.
Cabe mencionar que T21 publicó en noviembre de 2021 que el Gobierno federal y GMXT habían lograron un acuerdo para "disponer" del tramo que utilizará el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) en la infraestructura de Ferrosur.
"Estamos en negociación con ellos. Eso lo está viendo el secretario de Gobernación (Adán Augusto López Hernández) que está en negociación con el señor (Germán) Larrea para ver cómo llegar a un acuerdo y poder disponer nosotros de ese tramo también. Ya hay un acuerdo y no hay ningún problema", dijo Rafael Marín Mollinedo, entonces director general del CIIT.
Sin dar detalles de dicho convenio o si este corresponde a una compra, aseguró en dicho momento que Germán Larrea está "en las mejores condiciones de que podamos pasar por ahí sin ningún problema".
Este domingo, GMXT señaló que a principios de 2022 se firmó un acuerdo con las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, el cual contemplaba la construcción de una segunda vía con independencia operativa, que sería entregada a la Secretaría de Marina (Semar) para uso del FIT.
"Tras la firma de dicho acuerdo, GMXT inició de inmediato las obras de construcción de esa segunda vía y efectuó gastos por varios cientos de millones de pesos. El costo total del proyecto sería solventado mediante la aplicación de las regalías que paga la empresa año con año. Lamentablemente, el acuerdo fue desechado por el gobierno meses después. No obstante, la empresa se ha mantenido en busca de un nuevo acuerdo con las dependencias federales", comentó.
Sostuvo que las negociaciones siguen en curso para lograr atender las preocupaciones del gobierno, sin que la empresa falte a sus obligaciones fiduciarias con sus accionistas ni afecte a sus clientes y empleados.
"Actualmente la negociación enfrenta una circunstancia difícil ante la publicación del decreto de ocupación y la intervención de personal armado en sus instalaciones tras el decreto presidencial para llevar a cabo la ocupación temporal de los mismos, es una manera irregular al utilizar la figura de ocupación temporal y por cinco años, esta figura no existe en la Ley Ferroviaria", advirtió.
Benjamín Alemán Castilla, socio fundador de Alttrac y quien fuera titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), coincidió que dicha figura no existe por ello es una irregularidad, "se está extrapolando de una ley que no es la Ley Ferroviaria, que es esta la que establece cuándo se cancela una concesión y cuándo se puede requisar (Artículo 56), que es la figura más cercana a lo que el gobierno está haciendo con este decreto".
"Es injustificable, no se está empleando bien la figura de ocupación y por lo mismo es impugnable por parte del concesionario, se le está aplicando una modalidad que no está en la ley sectorial. Habrá que ver si no tiene implicaciones de inversión extranjera porque, si entendemos esta acción como una expropiación que no es propia porque el bien no es privado, pero si lo interpretáramos así habría que ver cómo pega con el T-MEC, porque no hay que olvidar que Ferrosur es parte de GXMT y en este hay una participación de Union Pacific y puede haber un tema complicado para el gobierno", explicó a este medio.
Para Irene Levy, abogada y columnista, no era necesario en estos momentos la ocupación temporal: el tren ni existe ni opera aún; López Obrador manda señal multidireccional de autoritarismo, manipulación del legislativo y ahora a empresarios, dijo en su Twitter.
Mientras que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó su preocupación y profunda inquietud por dicho decreto y los efectos negativos que pueda generar en la confianza para invertir en el país y en la generación de empleos.
Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, dijo a través de su cuenta de Twitter, que la toma de las instalaciones es una pésima señal para el mundo, un duro golpe a la certidumbre, contra la inversión y el crecimiento económico .
Toma de instalaciones
Fue el pasado 19 de mayo de este año cuando el Gobierno federal declaró la ocupación temporal, bajo sus principios de seguridad nacional, de los tramos de las líneas Z, ZA y FA que corren de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Hibueras a Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos, respectivamente, de GMXT a favor de FIT para el CIIT.
Horas más tarde, GMXT informó que la toma de las instalaciones de Ferrosur en el tramo mencionado se llevó a cabo desde las 06:00 horas del viernes por parte de personal armado de la Marina.
No obstante, la empresa afirmó que continuará brindando servicio a sus usuarios sin ninguna afectación por el momento, solo con la vigilancia de las Fuerzas Armadas y se informará oportunamente sobre las acciones a seguir con base en sus obligaciones como empresa pública.
Para el funcionamiento eficaz de la plataforma logística, es imperativo tener el control y administración de todas las líneas ferroviarias que comprenden el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, entre los que se encuentran los tramos hoy concesionados a Ferrosur, para eliminar las fallas e ineficiencias en las cadenas de transporte, almacenamiento y distribución, y facilitar y agilizar la movilidad de bienes entre los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz que ofrezca servicios con mayor valor agregado, tanto al comercio exterior como al interior, explicó.
Será el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales quien emita el dictamen valuatorio respecto de los bienes y derechos sobre los que se decrete la ocupación temporal inmediata, para el pago de las indemnizaciones que correspondan.
Asimismo, dijo que al término de cinco años los propietarios afectados podrán solicitar a la autoridad que haya tramitado el expediente, la reversión total o parcial del bien de que se trate, o la insubsistencia de la ocupación temporal, o el pago de los daños causados, en términos de la normativa aplicable.
Adán Augusto López, secretario de Gobernación, aseguró que solo es una ocupación temporal y no una expropiación. Además, insistió en que es un asunto de seguridad nacional y por ello se decidió intervenir en un esquema jurídico para que la Secretaría de Marina a través del FIT pueda operar en su totalidad del CIIT, es un esquema legal que el gobierno dispone.
