Y es que argumentó, de ser avaladas las reformas se corre el riesgo de que no reduzcan los precios de los energéticos para los mexicanos, luego de pretender dotar nuevamente la preponderancia a la CFE y PEMEX, aseguró el instituto.
Este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX) volverán a ser empresas públicas, con las modificaciones planteadas al legislativo, y que dejen de competir con las privadas.
"Al desincentivar la entrada de nuevos jugadores en el mercado de generación eléctrica, se eliminan los incentivos a la eficiencia que reducen los costos eléctricos. Este riesgo se agudiza en un entorno de relativa poca inversión en generación eléctrica", advirtió el organismo privado.
Recordó que mientras que entre 2013 y 2018 se autorizaron 54.5 mil millones de dólares en inversiones en generación, entre 2019 y 2024 únicamente se autorizaron 13.4 mil millones de dólares.
Para el organismo que mide la competitividad del país, las inversiones en el sistema eléctrico están lejos de las necesidades del país, dado el crecimiento de la demanda.
Expuso que en un contexto de finanzas públicas presionadas, el sector energético debe aprovechar todas las posibilidades de financiamiento público y privado.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analiza la iniciativa de reforma constitucional en materia energética que se votará en los próximos días, la cual pretende plasmar en la constitución que la Comisión Federal de Electricidad tenga prevalencia sobre sus contrapartes privados en el sector eléctrico.
"La reforma enviaría un mensaje de incertidumbre jurídica que no solo se limitaría a las inversiones directamente afectadas, sino que se reflejaría en toda la economía nacional como un mensaje de que el Estado mexicano no tiene un compromiso creíble con el Estado de derecho", alertó.
Los analistas del sector privado instaron al Congreso a evaluar el impacto de que favorecer a la CFE por criterios políticos "tendría un impacto negativo en la transición energética al reducir y desincentivar las posibilidades de inversión privada en energías renovables".
Abundó que limitar los mecanismos de inversión privada existentes en la transmisión y distribución eléctrica (asociaciones público-privadas o instrumentos financieros como los CKD, Cerpi o Fibra E) obligaría a la CFE a incurrir en la totalidad del gasto de capital necesario para expandir y modernizar la infraestructura de redes.
Lo anterior cobra especial relevancia si se considera la subinversión que ha padecido en particular la Red Nacional de Transmisión, por lo menos, la última década.
