En esta edición, quedó claro que el Gobierno de México no ha contemplado avanzar hacia una transición o transformación de las fuentes de generación eléctrica. Por el contrario, se observa que se favorece -y se continuará favoreciendo- la generación de energía eléctrica con fuentes fósiles como el gas y el combustóleo, con los respectivos impactos socioambientales y climáticos que esto implica.
Es por ello, que las organizaciones de la sociedad civil, CERCA, Conexiones Climáticas AC, Greenpeace México, El Poder del Consumidor, el Colectivo Ecologista Jalisco AC, ICM y CEMDA han manifestado su preocupación al respecto, ya que seguir fomentando el uso de fuentes fósiles es fomentar energías altamente contaminantes y dañinas no solo para el medio ambiente, sino también para calidad de vida y la salud de las personas.
Según los datos de los informes anuales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)1 de 2020 a 2021, de toda la canasta de energéticos para la generación de electricidad, la fracción de la generación de energía proveniente del combustóleo pasó de una participación del 5.65% a 13.80%; es decir, la fracción de combustóleo se incrementó en más del 144% en tan sólo un año, aun cuando la propia CFE ya había reconocido que este tipo de combustible es más caro, menos eficiente y con mayores impactos ambientales. Como ejemplo, se pueden citar las emisiones de la central termoeléctrica de Tula, cuyas emisiones de PM2.5, generadas por el uso de combustóleo, son responsables de 16 mil muertes prematuras en la Zona Metropolitana del Valle de México.
Las organizaciones de la sociedad civil consideran que es fundamental que la política energética del país promueva una transformación justa, que atienda las brechas de desigualdad existentes, reduzca la pobreza energética y garantice el derecho a un medio ambiente sano y el derecho humano a la salud para todas las personas, especialmente aquellas que habitan los territorios en donde se localizan las centrales de generación de electricidad.
Además de lo anterior, el Prodesen 2022-2036 reconoce que se incumple e incumplirá con las metas establecidas en la Ley de Transición Energética (LTE) y en la Ley General de Cambio Climático (LGCC) en materia de generación de energía limpia; no presenta elementos de una política energética que reduzca los impactos ambientales y sociales del actual modelo de generación fósil y, mucho menos, establece cuál será el avance en la construcción de una ruta planificada de transición energética justa en la que se genere bienestar en las poblaciones locales.
El Programa ancla a México a una infraestructura fósil contaminante por las próximas décadas y aumenta la dependencia de combustibles provenientes del extranjero, como el gas -que dicho sea de paso, es una de las fuentes de mayores emisiones de metano dentro del sector y de importantes impactos socioambientales desde las técnicas de su extracción hasta su uso final-. Tal dependencia, hará que México no cumpla con los compromisos que suscribió en el Acuerdo de París ni con la protección de los derechos humanos contemplados en diversos tratados internacionales en la materia.
La transición energética justa es un proceso largo y complejo, no obstante, debe llevarse a cabo de manera urgente, ambiciosa e impostergable, reflejándose en los planes, estrategias, programas y presupuestos energéticos y climáticos del gobierno. Lo anterior, debe hacerse desde un marco de justicia climática en el que se garantice el derecho de los distintos actores involucrados a participar en la planeación y ejecución de las políticas del sector energético, ya que impactarán en su salud y bienestar.
