Según el CEESP, el gobierno mexicano asumirá una gran responsabilidad financiera sobre estas entidades, con un 54% de los recursos del presupuesto 2025 destinados a la CFE y el 46% a Pemex. Sin embargo, a pesar de este esfuerzo, las políticas actuales y la situación financiera pública no favorecen una mayor inversión privada en el sector energético. La centralización de la gestión y la falta de independencia de estas empresas podrían limitar su capacidad para mejorar en eficiencia y competitividad.
Además, la reforma constitucional y la incertidumbre creada en torno a las reglas del sector podrían desincentivar tanto a inversores nacionales como extranjeros, especialmente en un contexto de nearshoring donde México podría ser altamente competitivo.
