Se trata de un paquete de leyes en donde se expiden la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad (CFE); la Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos (PEMEX); la Ley del Sector Eléctrico; la Ley del Sector Hidrocarburos; la Ley de Planeación y Transición Energética; la Ley de Biocombustibles; la Ley de Geotermia y, la Ley de la Comisión Nacional de Energía.
También se reforman diversas disposiciones de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Además, se publica el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en donde se incluye el nuevo Derecho Petrolero para el Bienestar, que consiste en una simplificación de gravámenes para PEMEX.
La reforma regresa a PEMEX y a CFE al esquema de Empresas Públicas del Estado Mexicano, con lo cual se revierte la figura de Empresas Productivas del Estado que aplicó desde la reforma de 2013.
También se extinguen a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), cuyas funciones serán absorbidas por la nueva Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Secretaría de Energía (SENER).
Con esta nueva reforma queda sepultada la posibilidad de realizar nuevas rondas petroleras y subastas eléctricas, en su lugar se establecen contratos mixtos en donde los privados podrán asociarse con PEMEX y CFE en proyectos donde las empresas estatales tendrán la mayor participación.
