La firma española dirigida por Ignacio Sánchez Galán reconoció en sus informes consolidados del primer semestre de este año que inició un arbitraje internacional contra la compañía eléctrica mexicana y espera que el proceso concluya con un laudo en el primer trimestre de 2023.
El conflicto entre ambas empresas deriva de que la CFE condiciona la puesta en operación de la central eléctrica de Topolobampo III, ubicada en Sinaloa, al pago de unas penas convencionales por el retraso en la construcción de la central, por importe de poco más de 16 millones dólares estadunidenses más impuesto al valor agregado (IVA).
Para resolver el conflicto de la planta operada por Iberdrola Topolobampo, subsidiaria de Iberdrola México, interpuso un arbitraje internacional para solicitar el reconocimiento de causa de fuerza mayor gubernamental y el reconocimiento de la entrada en operación de la central el 20 de julio de 2020.
La empresa energética trasnacional ha exigido también la devolución de las penas convencionales pagadas por 2 millones de dólares, la improcedencia de las penas convencionales solicitadas, el abono de los gastos incurridos y los cargos por capacidad durante el periodo de fuerza mayor por un importe no inferior a 10 millones de dólares estadunidenses.
Aunado a ello, también solicita el importe de los daños y perjuicios causados por el retraso en la fecha de operación comercial de la planta.
Sin embargo, la CFE se ha opuesto a las pretensiones de Iberdrola, por lo que planteó en el arbitraje una reconvención y reclama daños por un importe de 185 millones 500 mil dólares y 4 millones 700 mil dólares de penas adicionales por no haber alcanzado el porcentaje de integración nacional.
Hasta el momento la CFE no se ha posicionado sobre el conflicto que mantiene con Iberdrola por esta planta, mientras que la trasnacional sólo ha informado lo que sucede a través de sus informes de resultados trimestrales.
Cabe destacar que en 2017 la firma de capital español ganó la licitación para construir la planta de generación a base gas natural, pero cinco años después de haber concluido la edificación aún no ha entrado en operación a pesar de que el contrato establece que debía surtir gas 30 meses después de que comenzara el convenio.
Esta disputa se suma a otras que mantiene Iberdrola en el país, como la solicitud de un amparo para no pagar las nuevas tarifas que se establecieron para el uso de la red de transmisión de electricidad por parte de las plantas generadoras de energía renovable. Si Iberdrola México no obtiene la suspensión definitiva, deberá pagar 2 mil 584 millones de pesos.
