La reforma, respaldada por Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano, establece la eliminación de CompraNet, la actual plataforma de contrataciones públicas, para sustituirla con un nuevo sistema digital, del cual no se han detallado los mecanismos de operación.
Entre los principales cambios, la nueva ley:
Elimina la obligación de firmar nuevos convenios si el monto de un contrato se incrementa en más del 25%.
Permite a los contratistas solicitar ajustes de hasta el 50% en sus costos.
Introduce herramientas como "diálogos estratégicos" y "ofertas subsecuentes de descuento", lo que permitirá renegociar contratos durante su ejecución.
Posturas encontradas en el debate
Los grupos parlamentarios de PAN y PRI argumentaron que estas modificaciones podrían aumentar la discrecionalidad en la asignación de contratos, al quedar fuera de las reglas de transparencia las instituciones con los mayores presupuestos en obra pública. Héctor Saúl Téllez (PAN) señaló que la exclusión de CFE, Pemex y la Sedena podría reducir la supervisión ciudadana y el papel de los testigos sociales.
Por su parte, legisladores de Morena y el Partido Verde sostuvieron que la reforma busca agilizar la inversión en infraestructura y que la digitalización del sistema permitirá mayor eficiencia y control del gasto público.
Tras la aprobación en lo general, el dictamen seguirá en discusión en lo particular para definir posibles modificaciones antes de su publicación final.
