Para el sector energético, esto significó detener el rumbo de un proyecto, con fortalezas y debilidades, cuya instrumentación había demostrado funcionalidad. Recordemos que los cambios legales en materia energética de 2013-2014 detonaron importantes inversiones privadas en el sector eléctrico.
De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial, de 2014 al 2018 las inversiones en proyectos eólicos ascendieron a 15 mil millones de dólares y en proyectos solares a siete mil millones de dólares. Estas inversiones permitieron acceder a precios de energía más competitivos, sin mencionar que pusieron al país en una posición más fuerte de cara a la transición energética.
Con la implantación de la visión centralista, el ritmo de crecimiento de la inversión privada en el sector eléctrico se ha reducido a partir de mediados de 2018. El viraje en la política energética -que ha puesto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el centro de las decisiones que se toman en el sector- no significa que nuestro país renuncie a la llegada de nuevas inversiones privadas, significa que el ritmo de inversión es diferente: hoy observamos un ritmo pausado que no corresponde con el potencial en materia de recursos renovables que tiene México.
Actualmente el desarrollo de proyectos dentro del sector eléctrico se lleva a cabo bajo dos premisas. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que los nuevos proyectos, sobre todo los que involucran la participación privada, deben de contar con el visto bueno de la CFE. La segunda premisa está vinculada con el derecho, de al menos el 51 por ciento que el Estado mexicano debe tener sobre los nuevos proyectos.
Al considerar estas dos premisas, se vuelve necesario voltear a ver lo que la CFE está considerando ejecutar en materia de expansión de generación eléctrica para lo que resta del sexenio. Este ejercicio nos permite tener un poco de más claridad con relación a las oportunidades que dentro del sector eléctrico existen para las empresas privadas.
