Reuters informó en octubre que el estado Comisión Federal de Electricidad (CFE) En 2021 tuvo que pagar a ATCO unos 100 millones de dólares en concepto de daños, intereses y honorarios legales por el gasoducto Ramal Tula, en el central estado de Hidalgo.
El acuerdo para entregar el gasoducto liberará a ATCO de responsabilidad y le dará al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, la oportunidad de terminar el proyecto estancado que fue diseñado para suministrar gas natural a una planta de energía al norte de la Ciudad de México, dijeron las fuentes.
Tres personas familiarizadas con el tema dijeron que el acuerdo para entregar el proyecto se alcanzó luego de que López Obrador se reuniera en enero con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien aprovechó sus charlas para plantear las preocupaciones de las empresas energéticas canadienses en México.
López Obrador luego se reunió con representantes de las empresas energéticas canadienses, incluida ATCO, y los detalles de la transferencia se concretaron a fines de febrero, dijo una de las fuentes. No hubo ningún pago involucrado en la transferencia, dijeron dos de ellos.
El acuerdo de ganar-ganar contrasta marcadamente con las conversaciones de disputas no resueltas centradas en las políticas energéticas de López Obrador, que han enfrentado a Estados Unidos y Canadá contra México.
Ni ATCO ni CFE ni el gobierno canadiense ni la oficina de López Obrador respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Argumentando que los gobiernos anteriores sesgaron el mercado energético mexicano a favor del capital privado, López Obrador ha tomado una serie de medidas para reforzar el control estatal del sector.
Sin embargo, empresas estadounidenses y canadienses argumentan que sus medidas las ponen en desventaja y violan un acuerdo comercial estadounidense. En julio, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá iniciaron conversaciones formales de resolución de disputas energéticas con México.
ATCO fue a arbitraje porque luego de que López Obrador asumiera en 2018, la CFE canceló un contrato que la empresa con sede en Calgary hizo con la administración anterior para construir el oleoducto, argumentando que la obra estaba incompleta, informó Reuters.
Para entonces, ATCO ya había completado la mayor parte del oleoducto de 17 kilómetros. Sin embargo, la empresa canadiense dijo que no pudo completar el tramo final debido a la resistencia de las comunidades locales e invocó la fuerza mayor.
La compañía argumentó que México no había hecho lo suficiente para permitir que se completara el oleoducto, y la Corte de Arbitraje Internacional de Londres estuvo de acuerdo, dijeron las fuentes. México pagó en diciembre de 2021, según personas familiarizadas con el asunto.
El gobierno anterior en México valoró inicialmente el proyecto Ramal Tula en $66 millones cuando se adjudicó el contrato en 2014.
