En la tercera jornada de la Segunda Semana Nacional de Infraestructura Transformadora, organizada por la Comisión de Infraestructura y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Morales Vielmas reafirmó la vocación social de la CFE: garantizar electricidad a la población como derecho humano. Para satisfacer la creciente demanda, la empresa desarrolla diversos proyectos, entre ellos la construcción de siete centrales generadoras a corto plazo, cinco centrales prioritarias en las penínsulas, la central fotovoltaica Puerto Peñasco, en Sonora, la modernización de 17 centrales hidroeléctricas y 67 proyectos de transmisión.
A diciembre de 2022, la capacidad instalada de las 159 centrales de la CFE alcanzó los 44,072 MW: hidroeléctrica 12,125 MW; ciclo combinado 10,912 MW; termoeléctrica 9,748 MW; carboeléctrica 5,463 MW; turbogás 2,954 MW; nucleoeléctrica 1,608 MW; geotermoeléctria 808 MW; combustión interna 362 MW; eólica 86 y solar fotovoltaica 6 MW. Y los privados con 474 centrales, contaron con 43,791 MW. En total, el país cuenta con 87,863 MW, para cubrir una demanda máxima de 50,268 MW, sin contar los nuevos proyectos. Con estas cifras se desmiente la hipótesis sobre la capacidad para suministrar energía eléctrica al país, precisó Morales Vielmas.
Bajo la temática ¿Cómo generar una relación virtuosa entre infraestructura, crecimiento, productividad y sostenibilidad?, el directivo de la CFE ejemplificó cómo la Reforma Energética de 2013 pretendía sólo velar por intereses privados, lo que provocó que la planificación de nueva infraestructura generadora, particularmente eólica y solar se diera sin control, arriesgando las Redes Nacionales de Transmisión.
En su intervención, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, presidente de la Comisión de Infraestructura, indicó que la jornada tiene por objetivo redefinir y rediseñar el concepto de infraestructura, íntimamente ligada a los derechos humanos, al vincularla con las personas y el cuidado del medio ambiente para garantizar desarrollo.