La menor generación de electricidad a partir de estas dos tecnologías explica, en parte, que la electricidad que se genera en México fuera menos verde en 2022 de lo que fue en 2021, pues aquella que proviene de fuentes limpias se redujo de 27.5 % en 2021 a 26.1 % en 2022. Así, México está un punto porcentual más lejos de llegar a su meta establecida en el Acuerdo de París y la Ley de Transición Energética, que es de 35 %.
Ante la vulnerabilidad de México frente a los efectos negativos del cambio climático, esta reducción resulta inadmisible. En especial cuando se tiene un potencial desaprovechado de recursos renovables y a que los costos de estas tecnologías se han desplomado a nivel mundial en años recientes.
Ahora bien, ¿hubo menos viento o radiación solar en los últimos meses que explique este comportamiento? Dado el contexto en el que se presenta esta caída, es difícil creer que obedezca meramente a factores coyunturales. Este comportamiento, más bien, responde a cambios estructurales asociados a la política energética del Gobierno Federal, que ha limitado el desarrollo de nueva capacidad renovable por parte del sector privado.
En concreto, esta dinámica se atribuye a la cancelación en 2019 de las subastas de largo plazo, mediante las cuales actores públicos y privados adquirieron la obligación de construir centrales eólicas y fotovoltaicas con una capacidad total de 6 mil 770 megawatts, pero cuyo ritmo de entrada en operación se ha agotado. Al 30 de junio de 2022 ya se encontraba en funcionamiento o estaba en pruebas operativas el 91 % de la capacidad comprometida en estas subastas.
Una golondrina no hace verano. El súbito giro de 180 grados en el discurso del Gobierno Federal en el marco de la presentación del Plan Sonora para la transición energética, en el que se muestra a favor de las energías limpias, no elimina sus acciones previas en contra de estas ni desaparece sus consecuencias. El daño, a juzgar por la manera en la que se han comportado las cifras de generación eólica y solar en los últimos meses, está hecho.
México dispone de los recursos naturales suficientes para retomar e incluso acelerar el ritmo de crecimiento de las energías limpias y alcanzar sus metas de generación. Para ello, sin embargo, es fundamental que el nuevo discurso del Gobierno Federal se traduzca en acciones concretas como reanudar las subastas de largo plazo. Además, es necesario recrear las condiciones de certidumbre jurídica y regulatoria vigentes antes del inicio de esta administración para que el sector privado pueda invertir en la construcción de centrales con baja huella de carbono.
Apostar únicamente a proyectos ejecutados desde el Estado (léase la Comisión Federal de Electricidad CFE), como la central fotovoltaica de Puerto Peñasco, para atender los compromisos adquiridos en la legislación local y en tratados internacionales, sin recurrir a los participantes privados, es condenar al Estado mexicano a incumplirlos. La CFE no tiene la capacidad para lograrlo, no al menos en la escala y al ritmo que la emergencia climática que enfrentamos demanda.
