Este jueves 24 de febrero se continuó con el Parlamento Abierto del Congreso de la Unión para discutir la Reforma Eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donde se tocó la injerencia del poder judicial en el sistema energético nacional y cómo se vería trastocado con esta iniciativa.
Con el nombre Decisiones del Poder Judicial en materia energética, el Foro 25 organizado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados citó a un grupo de especialistas que opinaron tanto en favor como en contra de la reforma constitucional de AMLO y señalaron diversas fallas en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Nancy Jiménez, jefa de oficina del jurídico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Intermediación de Contratos Legados, señaló que las resoluciones del Poder Judicial, en ocasiones, han sido excesivas al faltar al artículo 1° constitucional, el cual promueve los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos de la república.
En este sentido, dijo que la electricidad es un área estratégica que debe ser planeada de forma organizada y que se le considere como un bien jurídico tutelado por derechos humanos; por lo tanto, este poder tiene que velar por intereses de los consumidores.
Entonces, las modificaciones que promueve el presidente a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) no son un capricho, sino que buscan enmendar agravios causados al usuario final, originados a través de los manuales del mercado, lo cual se cobra en los recibos. Por eso la importancia de que los jueces estén versados en la materia.
Por su cuenta, Eduardo Méndez, profesor de Derecho Económico en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), externó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha asumido cuestiones que inevitablemente tienen que ocurrir. Por ejemplo, abundó, que la reforma tiene como objetivo formar un mercado abierto y competitivo, y que esto no puede estar limitado por el derecho de las empresas.
También señaló que, con la legislación actual, existe la posibilidad de que los jueces actúen de manera arbitraria y discrecional, y es esta misma situación la que obliga al Estado a tratar con preponderancia esta reforma de manera constitucional, pues esto proporcionará certidumbre jurídica para que se actúe de esa manera.
"Una reforma constitucional también responde a que en los mismos tribunales se fueron cerrando las puertas"
Finalmente, señaló que se debe revisar el auto-abasto, ya que conociendo más datos se observa que se viola la Constitución y la ley, y que particulares, lejos de utilizar las ventajas, han hecho un doble negocio. Aseguró que hay una falsa idea de que se está regresando al pasado, sino que se está dando un paso adelante pues se plantea una nueva manera de hacer mercado.
Del otro lado del panel, estuvieron los abogados litigantes Miguel Zárate y Daniel Amézquita, quienes insistieron en los riesgos que representaría esta reforma al fortalecer a la CFE, podría crear un oligopolio en el sector. En cuanto al sentido jurídico, señalaron que la SCJN ha respetado los derechos de las empresas; sin embargo, coincidieron en que se necesita que los jueces estén especializados en el ramo.
En cuanto a los abusos, señalaron que no es necesario llegar a una reforma constitucional, sino que se deben de acotar y perseguir adecuadamente, pero el llegar a lo propuesto por AMLO sería un retroceso.
