La iniciativa de reforma a tres artículos de la Constitución para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzará a discutirse en marzo en las comisiones unidas de Energía y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, luego de que este lunes terminó en San Lázaro el Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica.
En la clausura de los foros, donde se discutieron diversos temas en materia energética, participó la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien en defensa de la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, resaltó que la independencia de un país se mide en litros y watts con lo que los combustibles están directamente ligados a la seguridad sanitaria, económica y nacional.
La titular de la Secretaría de Energía (Sener) recordó que en enero de 2019 el 55% de la energía era despachada de la CFE, pero en los últimos tres años infraestructura por 6,300 megawatts de energía intermitente entró en operación, producto de las subastas de largo plazo, además de 7,500 megawatts de nueva infraestructura de privados de permisos anteriores otorgados por la Comisión Reguladora de Enegía (CRE).
Por ello, hasta el día de hoy, se han pagado más de 6,000 millones de pesos a los productores privados de energía renovable para la adquisición de sus certificados de energía limpia (CEL, instrumento bursátil para incentivar la generación renovable diseñado en la reforma del 2013), por lo que la CFE que es el suministrador básico del país y quien consume estos CEL ya ha financiado por lo menos la mitad de la capacidad instalada por estas subastas, por la obligación que tiene de comprar mediante este mecanismo, además de toda su transmisión y distribución de la energía.
"Todo esto lo carga la CFE y los consumidores y no sólo ha sido el costo sino que en el orden de despacho se obligó por ejemplo a despachar las hidroeléctricas hasta el sexto lugar fuera de toda lógica y beneficio económico", aseguró.
Nahle reveló además que al tratar de cambiar estas distorsiones mediante modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica y acuerdos, el Gobierno ha recibido más más de 1,700 amparos, lo que orilló al cambio constitucional ya que el sistema está en riesgo físico puesto que se emiten cientos de alarmas diarias en el sistema de distribución, por la conexión y despacho de más electricidad intermitente de la que permite el sistema.
Nahle recordó que el sistema eléctrico demanda un máximo de 50,000 megawatts pero la CRE ha dado permisos desde el 2013 por 132,000 megawatts y hay infraestructura construida por 82,000 megawatts. Al volver autónomos a los reguladores del sector se les desvinculó de la política energética y se plantea devolverlos al gobierno central para que participen en la planeación.
"Espero que haya el consenso entre todos y que se apruebe lo más rápido posible para poder seguir avanzando", dijo.
