En principio, los inversionistas buscan un compromiso gubernamental de largo plazo en los distintos rubros y continuidad, así como certidumbre en las relaciones contractuales, destacó Ricardo Haneine, socio de Kearney en México.
"El sector privado requiere certidumbre jurídica, básicamente que claridad en los procesos de licitación", coincidió Sergio Chagoya, socio de Santamarina y Steta, experto en financiamiento de proyectos de infraestructura.
Si bien hay interés de la iniciativa privada por instalarse en alguno de los 10 puntos que formarán el corredor en Veracruz y Oaxaca, el nivel de riesgo de las empresas se mitiga mientras haya compromisos y estructuras de contratos predecibles con plazos de tiempo de largo alcance, expresó Haneine.
Además, el sector privado demandará que haya capacidad de energía eléctrica, refirió Chagoya.
"Al inversionista no le importa sí es CFE o un privado, lo que le importa es que haya energía eléctrica para que sus fábricas funcionen", añadió.
También se requiere contar con capital humano capacitado según las necesidades de las empresas, refirió Haneine, así como desarrollo urbano para comunicar las industrias, proveedores y que haya suficientes servicios públicos.
Otro punto a destacar es que las empresas demandarán seguridad respecto a los compromisos ambientales de esa zona del País, dijo.
El nivel de interés que puedan tener las empresas también dependerá de los incentivos que quiera lanzar el Gobierno en esa zona, comentó Chagoya.
Añadió que la parte que podría generar más ruido entre la comunidad de inversionistas privados son los ataques al poder judicial, a su autonomía, por lo que se debe cambiar la tónica actual y dar respeto a las decisiones de los jueces.
Sin embargo, confió en que hay aspectos positivos en México para la atracción de inversiones como la estabilidad macroeconómica a nivel nacional y la corriente de nearshoring que tiene al País en el centro de atención.