El convenio regulador fue aprobado por seis votos a favor y uno en contra el 24 de mayo y fue propuesto por el comisionado Walter Julián Ángel Jiménez, exdirector general de energías limpias de la Secretaría de Energía (Sener).
México produce el 60% de su electricidad con plantas que usan gas naturalen su mayoría importados de los Estados Unidos a través de oleoductos.
El borrador enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) resume que el acuerdo busca ampliar el umbral de los parámetros de eficiencia eléctrica para el reconocimiento de las energías limpias y adapta la metodología de energía libre de combustible a centrales eléctricas limpias que utilizan combustibles fósiles mediante tecnología de ciclo combinado de vapor y gas.
La CRE solicitó exonerar el proyecto de análisis de impacto regulatorio, y fue presentado a la Conamer apenas un día antes de ser votado por el órgano rector de la CRE.
La iniciativa también propone incluir como energía libre de combustible la electricidad adicional producida por unidad de planta a base de gas natural o combustibles más limpios si se utiliza tecnología auxiliar de refrigeración.
La comisionada Leticia Campos Aragón denunció errores en el proyecto del comisionado que calificó de "secundarios" y criticó incumplimientos administrativos, como la falta de revisión previa por parte de los comisionados del anteproyecto, de acuerdo con los lineamientos vigentes de la CRE.
Ángel Jiménez justificado el proyecto porque los criterios sobre energías limpias de cogeneración y ciclos combinados no se actualizaban desde hacía 13 años.
México tiene la meta de generar el 35% de su electricidad con energías limpias en 2024, pero la Sener, encabezada por Rocío Nahle, ha publicado estimaciones que no cumplen el objetivo, pero también ha comentado públicamente que se lograrán.
La política energética del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, diseñada por la Sener, ha buscado alinear al regulador con sus objetivos instalando personas cercanas a su administración con el objetivo de beneficiar a las empresas estatales Pemex y CFE y restringir la participación privada en el sector eléctrico.