Mauricio Fuchs, socio del despacho británico Hogan Lovells, dijo que con el cambio se busca imponer a la CFE en el mercado, pero la propuesta no es clara de qué manera ni cómo la empresa verá por un interés social, para quiénes ni cómo aplicaría.
"Sería interesante entender a qué se refiere como función social, es un concepto etéreo y poco aterrizado. No sabemos si garantizará (el suministro) a las personas físicas pero no a las empresas, o si se toma en cuenta el nivel de ingresos; jurídicamente cuesta mucho trabajo entender a qué se refiere el bien social y esa parte es clave", apuntó en entrevista.
Para obtener menores precios es necesario que CFE opere de la mejor manera y genere ingresos o saber si destinará más subsidios o habrá una deficiencia energética, añadió.
"Aquí se ven dos temas: uno que dice que no se debe operar bajo el concepto de 'mejores prácticas', pero no sabemos si son prácticas corporativas, operativas, de tecnologías...
"Y luego dicen que se buscará dar a energía al menor precio posible, que no buscan utilidades, pero no se determina cómo se obtendrá, si invertirá en tecnología o más subsidios, o reducir la carga laboral. Al final, el menor precio posible se obtendría con una mejor eficiencia energética", apuntó.
En tanto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) señaló que la obligación de crear utilidades implicaría que la empresa pueda operar con pérdidas, lo que causaría un daño al erario.
