La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha identificado múltiples irregularidades en las operaciones de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. Según el informe correspondiente al año 2022, estas anomalías abarcan transacciones bancarias, contratos de licitación para la adquisición de equipamiento de red e iluminación de fibra óptica por parte de una subsidiaria del Conacyt, y la inyección de capital en Altán Redes.
Tras estos hallazgos, la Auditoría ha instado a la compañía estatal de telecomunicaciones a realizar investigaciones y, de ser necesario, procedimientos administrativos contra sus servidores públicos involucrados en estas irregularidades. De acuerdo con el informe, se estima que una sola de estas irregularidades ha causado un perjuicio a la Hacienda Pública por un monto de 121,518 millones de pesos.
La empresa, también conocida como CFE Telecomunicaciones, fue creada por decreto en 2019 y desde entonces tiene como objetivo proporcionar servicios de conectividad a áreas donde los principales operadores de telecomunicaciones aún no han llegado. Sin embargo, no fue sino hasta 2022 que el proyecto de internet comenzó a cobrar impulso, gracias a alianzas con empresas mayoristas de red, contratos de licitación para la compra de equipos y mantenimiento de torres, entre otros recursos.
Sin embargo, hasta la fecha actual, la operación de la empresa estatal de telecomunicaciones sigue siendo motivo de incertidumbre, ya que no ha comunicado de manera clara los avances y beneficios de su proyecto de conectividad para las comunidades que aún carecen de acceso a internet.
No hay evidencia de depósito para invertir en Altán CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos destinó 161,000 millones de dólares para acceder a la infraestructura y red de Altán, con el objetivo de llevar conectividad a áreas remotas del país. Sin embargo, esta acción presentó irregularidades en la transacción de los fondos.
La inversión de la empresa estatal en Altán Redes se produjo durante una reestructuración financiera de la compañía mayorista, que enfrentaba problemas de pago a sus acreedores. Aunque finalmente se llegó a un acuerdo entre ambas partes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detalla en su informe que el 7 de junio de 2022, CFE Telecomunicaciones celebró un convenio con Nacional Financiera (Nafin), que tiene inversiones en Altán, a través de un Fideicomiso llamado 'de contragarantía para el financiamiento empresarial', que brinda apoyo financiero a las empresas.
En virtud de este convenio, la empresa estatal invirtió en Altán Redes entre 161,000 y 261,000 millones de dólares, argumentando que su red mayorista facilitaría "el desarrollo y despliegue de la cobertura social". El acuerdo establece que Altán Redes puede utilizar la inversión de CFE Telecomunicaciones en caso de incumplimiento de pagos a entidades como Nafin. Según la ASF, Altán tiene hasta quince años para saldar el crédito otorgado por Banobras, Bancomext y Nafin.
Sin embargo, la ASF descubrió que la transacción de los 161,000 millones de dólares por parte de CFE Telecomunicaciones, realizada el mismo 7 de junio de 2022, "no contó con evidencia de cómo Nafin proporcionó a la empresa los datos bancarios ni las instrucciones para realizar el depósito". Hasta el final de la auditoría, CFE Telecomunicaciones no pudo proporcionar pruebas físicas de la transacción hacia Nafin para invertir en Altán Redes.
Irregularidades en contratos con Infotec
La Auditoría también encontró diversas irregularidades en dos contratos firmados en 2022 entre CFE Telecom e Infotec, una entidad vinculada a la red de Centros Públicos de Investigación (CPI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Uno de estos contratos tenía como objetivo adquirir equipos para ofrecer servicios de internet gratuito. En detalle, se solicitaron 60,000 equipos locales para conectividad 4G y 70,000 equipos de punto de acceso WiFi6. Sin embargo, la Auditoría descubrió que al menos el 16.2% de estos equipos estaban en estado de resguardo y no habían sido registrados. Además, se encontraron 1,893 equipos 4G desconectados y otros en 'estado de alarma', junto con 1,711 equipos WiFi6 también desconectados. Aunque no se específica qué significa el 'estado de alarma' se infiere que son equipos en malas condiciones.
Durante la auditoría, se observó que CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos no había implementado mecanismos de mantenimiento preventivo para garantizar el funcionamiento adecuado y la durabilidad de los equipos.
El contrato tenía una duración del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, con un valor total mínimo de 667,463 millones de pesos. Sin embargo, el pago por los equipos se realizó a una cuenta bancaria diferente a la establecida en el contrato, sin la celebración de un convenio modificatorio para formalizar este cambio, según explicó la ASF en su informe.
Otro contrato celebrado entre ambas entidades fue para un proyecto de iluminación de fibra óptica en sitios llamados Hoteles de Internet para Todos. A lo largo de 2022, se instalaron 66 de estos sitios en 19 entidades federativas, pero solo 25 se completaron con éxito. Los demás sitios presentaron instalaciones incompletas, estaban apagados o habían sido instalados en lugares propensos a fugas de agua o humedad, lo que representaba un riesgo para los equipos.
Además, la ASF detectó que el precio pagado por CFE Telecomunicaciones a Infotec fue significativamente más alto que el calculado por el ente fiscalizador. Mientras la ASF calculó un total de 14,959 millones de pesos, la compañía pagó a Infotec un total de 121,518 millones de pesos.
Se destacó también una supervisión deficiente en ambas contrataciones por parte de CFE Telecomunicaciones, ya que no pudo demostrar que Infotec cumplía con aspectos importantes como la seguridad industrial, experiencia en las tareas requeridas, salud laboral, protección ambiental y responsabilidad social.
Por todas estas razones, la ASF determinó que al menos el contrato de iluminación de fibra óptica presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos por un monto de 121,518 millones de pesos.
Cabe mencionar que la empresa estatal ha mantenido una estrecha relación con las subsidiarias del Conacyt durante esta administración. La creación más reciente fue la de InnovaBienestar de México, una empresa tecnológica de carácter público-privado, que reemplazó a Corporación Mexicana de Investigación en Materiales S. A. de C. V. (Comimsa), que estuvo operativa durante 47 años bajo la coordinación de la dependencia de María Elena Álvarez-Buylla Roces.
