A inicios de año el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una reforma de pensiones que eliminaría a esos organismos junto con la Comisión Federal de Competencia (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Fonatur y el INAI, para utilizar su presupuesto y generar fondos para financiar las pensiones en el futuro.
Sin embargo, en una presentación que expuso en la conferencia matutina del mandatario se señala que el Fondo de Pensiones para el Bienestar obtendrá recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), organismo que aportará el 75 por ciento de sus incautaciones, de la liquidación de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), así como de la Agencia Nacional de Aduanas, del Ferrocarril Interoceánico y de las Islas Marías.
También se plantea obtener recursos del AIFA, de los aeropuertos de Tulúm, Chetumal y Palenque, además de la aerolínea Mexicana de Aviación y el Tren Maya, que aportarían el 25 por ciento restante.
Algunos de estos proyectos aún no están concluidos y en otros casos, como Mexicana de Aviación, todavía no tienen operaciones comerciales rentables.
Otras vías de financiamiento son los adeudos de entes públicos al SAT o al ISSTE, así como las cuentas no reclamadas e inactivas de las Afores.
En el Congreso de la Unión se presentaron dos iniciativas sobre las pensiones, la primera fue elaborada por López Obrador y se envió a los legisladores el 5 de febrero, la cual incluía la extinción de los reguladores.
La segunda se presentó el 4 de abril por parte de un grupo de diputados de Morena que retoma aspectos de la iniciativa presidencial, pero que dejó fuera la desaparición de los organismos; esta última se está analizando en las cámaras legislativas y ha generado polémicas por errores en su redacción.
