Hubiera sido oportuno escuchar que la promesa que hizo México durante la COP28 en Emiratos Árabes Unidos, de contribuir a triplicar la capacidad de energías renovables y duplicar la eficiencia energética, será una de las prioridades de la próxima administración para enfrentar los impactos que está sufriendo nuestro país por el cambio climático, tanto por los efectos naturales, incluyendo sequías históricas, olas de calor y degradación de los suelos, como por el impacto en la habitabilidad y productividad del sector agropecuario de nuestro país.
Si la siguiente administración materializa la promesa hecha en la COP28, impulsando subastas eléctricas de largo plazo y esquemas de participación público-privada, entre otros, la oportunidad sería entre 55 y 90 mdd de inversión en energías renovables, con una creación de entre 800 y un millón trescientos mil nuevos empleos tan sólo durante la etapa de construcción, además de los empleos indirectos (trabajadores en la cadena de suministro de todos los materiales y servicios) e inducidos por la actividad económica generada en el sector energético.
Con una señal inequívoca respecto del compromiso de México en materia de energías limpias, adicionado a los requerimientos de las empresas que están buscando las mejores condiciones para su relocalización, se abrirían oportunidades extraordinarias de crecimiento y desarrollo económico.
No sólo en el sector energético, sino en otros sectores donde hoy México es uno de los principales productores y exportadores, por ejemplo, en el sector automotriz o el de electrónicos.