La infraestructura hídrica en México requiere inversiones millonarias durante varios años para garantizar el acceso al agua potable en todo el país. Así lo han determinado varios expertos en la materia, de cuyo testimonio se hace eco El Economista y quienes solicitarán reunirse con diputados federales para exponerles la urgencia de la situación.
Durante la presentación del informe "Perspectiva del agua en México: Propuestas hacia la seguridad hídrica" se apuntó a una situación de rezago acumulado causado por una falta de recursos invertidos. Para revertirla, sería necesario destinar fondos de manera sostenida (80.000 millones de pesos anuales los próximos 50 años) en nuevos proyectos y mantenimiento de redes.
Según el presupuesto de la Conagua (Comisión Nacional del Agua), una parte importante de los componentes de la infraestructura hidráulica han sobrepasado su vida útil o han sido superados por los avances tecnológicos, por lo que su falta de reemplazo pondría en riesgo a toda la infraestructura, y, además, implicaría unos altos costes para paliar los fallos en los sistemas.
Por otro lado, como apunta el director ejecutivo del fondo Agua Capital, el presupuesto otorgado por el Gobierno Federal a la Conagua ha decrecido de manera constante durante los últimos 15 años, siendo este último año 2022 de 33.916 millones de pesos (18.047 de los cuales serían destinados a inversión física).
Las tres líneas principales a las que se apunta la necesidad de inversión son, en primer lugar, el incremento de la cartera de proyectos y su ritmo de construcción de infraestructura; en segundo lugar, impulsar la eficiencia de los sistemas actuales de agua potable; y, en tercer lugar, optimizar los procesos agrícolas e industriales para la explotación del agua. Por su parte, los principales factores causantes del desabasto identificados son la sobreexplotación, la falta de optimización del uso agrícola y la pérdida por fugas, cuantificada en un 40%.
Asimismo, se identifica como un problema el "círculo vicioso" formado entre las bajas tarifas de suministro y el deficiente nivel de servicio, lo cual da un problema de ajuste entre oferta y demanda. Adicionalmente, se propone una Ley General de Aguas para garantizar el acceso universal, y una Ley Federal de Derechos para garantizar la sostenibilidad financiera.
