De acuerdo con una revisión hecha al Sistema de Seguridad de Presas de la Conagua, 135 de estos embalses fueron construidos antes de 1972, y sólo seis fueron levantados en este siglo.
Jorge Fuentes, director de proyectos del Consejo Consultivo del Agua, advirtió a La Razón sobre un abandono de las presas del país, las cuales han caído en un periodo de obsolescencia, refirió, por lo que ya requieren un mayor mantenimiento.
Según el informe Seguridad de presas: Lecciones aprendidas, presentado por Fernando González Villarreal, director del Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de la UNESCO, las inadecuadas condiciones de estos sistemas de almacenamiento se deben al mantenimiento pobre , escasa vigilancia y monitoreo, y a la falta de información de los instrumentos de medición de infiltraciones.
En el documento se advierte que los criterios de diseño hidrológico, estructural y sísmico han cambiado y se necesita que se atienda la nueva realidad, considerando el cambio climático y la necesidad de medidas de adaptación.
Parte de esto es considerar las condiciones de sequía que se han agravado en el país bajo la que ya se encuentra 68.9 por ciento del territorio nacional, las cuales también generan un impacto en el suministro de agua no sólo para el consumo de la población, sino para el desarrollo nacional, apunta el informe.
Según lo referido por Jorge Fuentes, se estima que el 76 por ciento del líquido es destinado al sector agrícola del país y el problema radica en un desequilibrio en la distribución, pero también en que dicho proceso enfrenta las mismas condiciones deficientes en las que se encuentran las presas: Con muy malas prácticas, infraestructura obsoleta, con tecnologías rebasadas y se desperdicia mucho .
Al referir datos difundidos por la Asociación Nacional de Usuarios de Riego (ANUR), Fuentes indicó que el 74 por ciento de 130 presas de almacenamiento que abastecen a los distritos de riego también ya cumplieron su vida útil.
Es así que las condiciones en las que se encuentran las presas, la desequilibrada distribución del agua y el nivel de sequía alcanzado en el país amenazan el derecho de acceso a este elemento para más de 126 millones de mexicanos y significan un riesgo para la producción de alimentos.
