Esta propuesta busca contribuir de manera decisiva en la construcción de una ciudad más limpia, justa y resiliente, a través de una hoja de ruta legislativa con cuatro pilares fundamentales.
Estos cuatro ejes son: establecimiento de tasas progresivas que realmente disuadan las prácticas contaminantes; creación de un Fondo Verde con mecanismos transparentes de reinversión; desarrollo de incentivos fiscales para promover la economía circular; e implementación de compensaciones para proteger a los sectores sociales más vulnerables.
Al presentar el documento, el diputado Ricardo Rubio Torres (PAN) afirmó que los llamados impuestos verdes emergen como una herramienta clave para corregir externalidades, proteger la salud pública e instrumentar una economía circular, a partir de un análisis técnico y comparativo con experiencias internacionales, como las de Suecia, Londres y Santiago de Chile.
Informó que más del 80 por ciento de los días en la capital del país superan los límites de contaminación; y que se generan 13 mil toneladas de residuos diarios, con sólo un 4 por ciento de reciclaje.
La relevancia de esta investigación radica en que los impuestos ambientales representan una solución triple: ambiental, al internalizar los verdaderos costos de la contaminación mediante el principio "quien contamina paga"; social, al destinar recursos a las zonas más vulnerables de la ciudad, donde se concentran los mayores impactos en salud, y económica, al generar nuevas oportunidades de empleo en sectores verdes, con un potencial estimado de 25 mil plazas en actividades de economía circular, sostiene el documento.
Se resaltan experiencias internacionales como Suecia, que redujo 25 por ciento sus emisiones desde 1991; o Londres, adonde disminuyó 30 por ciento la polución en su centro histórico, que demuestran la efectividad de estos instrumentos cuando están bien diseñados.
La investigación concluye con un llamado urgente a la acción legislativa, proponiendo la creación inmediata de una legislación en Fiscalización Ambiental en el próximo periodo ordinario, como un paso indispensable para alinear la Ciudad de México con los compromisos climáticos internacionales y construir un futuro más limpio, justo y próspero para todos sus habitantes.
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