Durante el recorrido, la secretaría detalló en un comunicado que los habitantes de las comunidades afectadas expusieron su preocupación por ciertas irregularidades en permisos y autorizaciones previamente otorgados por diversas dependencias para el desarrollo de los proyectos, así como por el impacto que algunas actividades desarrolladas por las industrias en la zona podrían generar en la pesca, la biodiversidad y los ecosistemas.
Las autoridades, incluidos representantes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se comprometieron a revisar los expedientes y litigios mencionados y apegarse a los principios de transparencia y rendición de cuentas.
Uno de los proyectos señalados por las organizaciones ambientales es la construcción de la planta de amoniaco de la empresa Gas Petroquímica de Occidente por su impacto a los manglares y a las comunidades indígenas.
