La iniciativa del diputado de la bancada de Morena proponía que el Estado, a través de la Secretaría de Marina (Semar), se hiciera cargo de la administración centralizada de los puertos del país, retirando las concesiones a las ahora denominadas Administraciones del Sistema Portuario Nacional (Asipona) e incluso a las de la iniciativa privada.
Durante la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Marina, el diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, recomendó a Bruno Blancas que, para su nuevo proyecto, considere que la propiedad privada y los derechos adquiridos no se pretendan poner en riesgo, los puertos en México son puntos de desarrollo, son puntos de inversión, donde muchas personas ponen sus recursos, sus bienes, y lo que debemos dar en esta Cámara de Diputados son garantías para que esos espacios, independientemente del perfil de los usuarios, puedan seguir aumentando su potencial , dijo.
Sin embargo, Bruno Blancas respondió que de momento la iniciativa fue retirada por alginas consideraciones, aunque sentenció que "Salinas de Gortari en las últimas horas de su gobierno ya había privatizado todo, como los neoliberales toman a bien hacer y como última jugada privatizó los puertos del país".
"Esto desafortunadamente les dio concesiones hasta por 50 años y con la posibilidad de aumentarlos a 100 años, esto por mucha promoción de comercio que se pretenda no se puede permitir que los particulares extranjeros sobre todo y también nacionales se den a promover, sí, pero no sobre los bienes y las riquezas del país y no sobre el bienestar del pueblo. En esta iniciativa una de las propuestas era esa, que se regresara la nacionalidad, el derecho a los mexicanos a administrar sus puertos y de momento no vamos a poder lograrlo, pero vamos a seguir insistiendo y por eso de momento se retira la iniciativa", refutó Blancas.
No obstante, el diputado presidente de la Comisión de Marina, Jaime Martínez López, recordó que la iniciativa proponía eliminar las concesiones y entregar la administración de los puertos a la Semar; pero enfatizó que las concesiones son una figura jurídica establecida en la Constitución, donde la Nación tiene el dominio directo de los recursos naturales y las aguas territoriales; de forma que existen, dijo, prescripciones para obtener concesiones.
Resaltó que el sistema portuario lo integran 118 puertos con 24 Asipona cuyo fin es impulsar la eficiencia y rentabilidad de los puertos, de forma que 17 Asipona están sectorizadas en Semar, 5 en los gobiernos estatales y 2 en Fonatur. En estas paraestatales el 99% de las acciones son propiedad de la federación y el 1% de Banobras, que también es del gobierno, con excepción de Dos Bocas, donde 40% es de Pemex y 60% de la federación, acotó Martínez.
"Las administraciones portuarias integrales (Asipona) ya siendo del pueblo, la Nación el propietario de los recintos portuarios, lo que hace es administrar estos puertos; y lo que hacen es que todos los solicitantes de un muelle, un almacén, un silo (&) se otorgue una cesión parcial de derechos y con eso pague lo que corresponda al Estado, y de hecho las administraciones portuarias tienen el objetivo de promocionar y comercializar los servicios y las áreas que tiene bajo su tutela", indicó.
Asimismo, Jaime Martínez resaltó las concesiones a las administraciones portuarias son de la Nación y se otorgan para que otorguen las facilidades a los privados y a personas físicas para que utilicen los puertos a través de las cesiones parciales de derecho, y los ingresos que se obtienen por esos contratos ingresan al erario; aunado a que los puertos tienen aún terrenos para crecer y a través de licitaciones públicas otorgar contratos a privados, donde al término de los mismos y una vez que recuperaron sus inversiones, dichas áreas regresan al gobierno federal.
Por su parte, Salvador Caro consideró que "el contenido como estaba planteado me parecía sumamente riesgoso. Yo pienso en la marina de Puerto Vallarta, el contenido implica arrancarle los derechos a los actuales concesionarios para que administre el gobierno ese punto que ha sido un polo de desarrollo e inversión nacional y extranjera, que recibe visitantes y que hace más tractivo a Puerto Vallarta. Con esta ley pasarían a la Marina las inversiones privadas que se han hecho bajo la visión estatista de ser administradas por el gobierno y la visión de mediano y largo plazo no sería satisfactorio para el desarrollo de Vallarta".
Insistió que el dictamen en sentido negativo es de aplaudirse, de reconocerse y sobre todo porque en Jalisco esto va a ser sumamente apreciado, particularmente en Vallarta. Por otra parte, si empiezan a decaer las marinas, los puertos, me imagino que la elite de la cuarta transformación no tendrá un lugar seguro donde poner sus yates .
Al respecto, Bruno Blancas acotó que esta votación no tendría validez toda vez que retiró la iniciativa previamente por acuerdos con la Presidencia de la República y el gobierno. "Por supuesto se decidió dar para atrás de momento a esta iniciativa, creo que en lo referente a la iniciativa no hay mucho que discutir".
Por otro lado, la Comisión de Marina también discutió el Proyecto de dictamen en sentido negativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de Marina Mercante, que nació también en la legislatura pasada y proponía la desaparición del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (Fidena). Todos los integrantes de la comisión la desecharon.
