Desde mi posición como presidente del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (CONOREVI) y como enlace estatal del Programa Nacional de Vivienda, he podido constatar tanto los avances como los obstáculos que implica su implementación en territorio. A su vez, como director general del Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY), me corresponde articular los esfuerzos locales con las políticas nacionales.
Este programa tiene dos vertientes fundamentales:
La edificación de viviendas asequibles.
La regularización del suelo donde estas viviendas se asientan.
Ambos frentes son prioritarios y complementarios. La experiencia nos ha enseñado que no es posible construir vivienda económica si no se reducen los costos asociados, particularmente el costo del suelo. Por ello, se ha solicitado la participación activa de gobiernos estatales y municipales, quienes a través de la donación de terrenos permiten que los desarrollos habitacionales sean viables, sostenibles y accesibles.
Sin embargo, uno de los principales retos que enfrentamos es la escasez de reserva territorial urbana. Muchos municipios simplemente no cuentan con tierra bien ubicada para destinarla a vivienda social. Y cuando sí la tienen, suele estar alejada de los centros urbanos, lo que implica altos costos en infraestructura y servicios.
Para atender esta problemática, el Infonavit ha iniciado un nuevo esquema dentro del programa: una alianza estratégica con propietarios de terrenos y desarrolladores, mediante la cual se pacta un precio justo por vivienda construida, evitando así procesos largos de adquisición y urbanización.
En el caso de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), se abre también una ventana de oportunidad para repensar el modelo actual. Una propuesta concreta que surge desde los estados, es priorizar la construcción en terreno propio del beneficiario. Esto permitiría enfocar los apoyos exclusivamente en la edificación de la vivienda, sin tener que asumir la carga económica de urbanizar predios nuevos. De concretarse esta propuesta, se ampliaría notablemente la cobertura del programa y se agilizaría su operación.
El Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar es, sin duda, un esfuerzo sin precedentes. Pero también es un proyecto que exige voluntad, coordinación y flexibilidad para adaptarse a las condiciones reales del país. La vivienda no es un privilegio, es un derecho. Y cada vez que una familia accede a una vivienda digna, estamos avanzando no solo en lo material, sino en justicia social.
Desde los estados, seguiremos trabajando con determinación para hacer realidad este anhelo nacional.
