La Comisión Estatal de Energía del estado de México anunció que este año equipará 415 edificios públicos estatales y municipales con plantas solares. El objetivo es que, en un periodo de cuatro años, la totalidad de los inmuebles públicos utilice energía solar, de acuerdo con la Ley para la Implementación de Energías Limpias y Renovables en los Edificios Públicos del Estado de México y Municipios.
El director de la Comisión, Gabriel Pérez, explicó que la instalación de plantas solares permitirá a las dependencias reducir de forma significativa los pagos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en proporción a la capacidad instalada, que puede cubrir hasta el 100% de la demanda de cada inmueble.
El programa estatal contempla el apoyo a los municipios en la elaboración de proyectos, obtención de recursos y cumplimiento de normas técnicas para la construcción e interconexión de las plantas fotovoltaicas. Los edificios beneficiados incluyen oficinas de recaudación y otras dependencias municipales, así como instalaciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La meta inicial para 2025 es implementar al menos el 50% de energías limpias y renovables en los 415 edificios seleccionados, que abarcan sectores como salud, bienestar, cultura y turismo, además de organismos autónomos y municipios. El programa prevé excepciones para entidades que, por su naturaleza, no pueden cumplir con los requisitos de implementación, como la Secretaría de Salud y la Universidad Autónoma del Estado de México.
Pérez destacó que sectores con alta demanda energética, como los data centers, podrían beneficiarse de estas iniciativas, ya que requieren hasta 30 MW de potencia para operar. El Poder Judicial del Estado de México, por ejemplo, inició hace tres años un proyecto similar y ya ha equipado la mayoría de sus inmuebles con plantas fotovoltaicas, aunque continúa el proceso para alcanzar el 100% de cobertura.
El programa estatal busca reducir el déficit de electricidad en la entidad, que asciende a más de 10,000 GWh, y generar ahorros significativos para el erario público. La estrategia contempla una transición escalonada y el seguimiento de los avances a través de registros y planes de trabajo presentados por cada ente público.
