El proyecto, visualizado por el conquistador español Hernán Cortés en el siglo XVI y perseguido por México desde hace casi un siglo, se desarrolla en una región habitada por numerosos pueblos indígenas ancestrales y amplia riqueza cultural.
La obra, que promete complementar al Canal de Panamá, cabalga sobre la popularidad del presidente de izquierda López Obrador, cuyo gobierno ha invertido hasta el momento US$ 2.850 millones en trenes de carga y turismo para unir dos remozados puertos que funcionarán como cabeceras del ambicioso proyecto.
Según las autoridades del país, el corredor podría sumar entre 3 y 5 puntos porcentuales al Producto Interno Bruto mexicano. Sin embargo, las opiniones están divididas entre quienes esperan que atraiga inversiones y aumente el consumo, y aquellos que temen que facilite la actividad del crimen organizado, además de generar un serio impacto social y ambiental.
"¡Es un proyecto que es magnífico!", dice Angélica González, una artesana de 42 años residente de la ciudad de Ixtepec, en el sur del estado de Oaxaca, una de las paradas del tren que conecta los puertos de Salina Cruz, en el Pacífico, con el de Coatzacoalcos, localizado en la costa Atlántica de Veracruz.
González relata que tenía cinco años cuando viajó por última vez en el tren de pasajeros que atravesaba la región y que luego desapareció dejando activo sólo el servicio de carga. Ahora, la mujer se ilusiona con venderles a los futuros turistas las prendas tradicionales que borda con ganchillo. Por lo pronto, en septiembre, López Obrador festejó el regreso de los trenes de pasajeros a la zona, viajando en el ferrocarril entre vítores de pobladores.
El negocio.
Aunque el turismo despierta expectativa, el negocio es logístico y comercial. El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), como se conoce la obra, espera movilizar 300.000 contenedores al año en 2028, y 1,4 millones cuando alcance su plena capacidad operativa en 2033, según los cálculos oficiales.
En 2022 el Canal de Panamá, muy afectado entonces por una sequía, vio cruzar 63,2 millones de toneladas de carga en contenedores, según su administración, una vía por la que circula aproximadamente casi 3% del comercio mundial.
El objetivo del corredor no es competir con el Canal de Panamá. La columna vertebral del corredor es que se complementen, dice el capitán de navío Adiel Estrada, coordinador operativo del CIIT, que será administrado por la Marina mexicana. Con la licitación de los cinco primeros parques industriales del corredor, esperamos atraer inversiones por unos 7.000 millones de dólares, agrega Estrada.
Obra monumental.
La ampliación del puerto de Salina Cruz es monumental. Su nueva escollera, que ya le ganó 1.000 metros al mar y se extenderá hasta 1.600 metros, requiere 5,5 millones de toneladas de piedra. En Latinoamérica no hay otro rompeolas con esta profundidad de 25 metros. Es un megaproyecto", dice Iván Santana, ingeniero de la Marina.
Los trabajos, iniciados en 2020, generan 800 empleos directos y 2.400 indirectos, según Estrada, ha dinamizado una región golpeada históricamente por la pobreza. La población ve con mucho ánimo el corredor y su promesa de prosperidad, reconoce Rafael Mayoral, activista ambiental de Salina Cruz. Sin embargo, advierte que eso "no borra" su impacto ambiental y social.
El sur de México es la puerta para millares de migrantes irregulares, cuyo éxodo atrae a cárteles dedicados al tráfico de personas y la extorsión. Ciudad Hidalgo, fronteriza con Guatemala y lugar al que arriban los indocumentados, se conectará al CIIT con el tren que llegará a Ixtepec. Otro ramal lo enlazará con el turístico Tren Maya, también obra de López Obrador, marcando nuevas rutas migratorias.
Preocupación.
Juana Ramírez, activista de la organización Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), una entidad con 37 años de antigüedad, ve el proyecto como una imposición. "¿Cómo va a quedar el istmo? Contaminado, con pocas especies animales y vegetales y una creciente violencia", pronostica esta indígena de etnia mixe, del municipio de San Juan Guichicovi.
La organización sostiene que la ruta incumplió normas internacionales sobre consulta a los pueblos indígenas originarios, y que el gobierno presentó estudios ambientales defectuosos, además de haber ya desplazado a varias comunidades nativas.
La activista denuncia que los miembros de la Marina "reprimen y hostigan" a las comunidades. Dice, además, que 15 activistas sociales que se oponen a la obra han sido denunciados penalmente por el gobierno local y nacional por "ataques a las vías de comunicación", tras una protesta que efectuaron en abril pasado.
"Es un claro ejemplo de criminalización", sostiene Ramírez, quien asegura que de ser condenada se le podría imponer una multa de hasta US$ 1,6 millones. Con la obra llegará el crimen organizado a la región, agravando la ya precaria situación de las comunidades, que además verán destruida la biodiversidad en sus tierras, concluye la activista.
Los activistas entrevistados coinciden también en señalar un aumento en la especulación del precio de tierras y el despojo violento de propiedades en Salina Cruz y otros municipios, por parte de mafias.
En julio, la oenegé Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) reportó 21 casos de intimidación, 11 de violencia física y tres homicidios contra defensores del territorio entre octubre de 2022 y julio de 2023, todos vinculados al CIIT, víctimas en su mayoría indígenas.