Frente a representantes de distintas dependencias y organizaciones sociales, Bárcena señaló que construir alianzas en México es muy importante porque no podemos dejar a la sociedad civil sola protegiendo los derechos de los defensores del medio ambiente , por lo cual se pronunció en fortalecer las alianzas entre el gobierno con los diferentes sectores nacionales e internacionales.
Al destacar la labor del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) en esta labor, la secretaria resaltó la construcción de lazos más sólidos con las Secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, además del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Así mismo, determinó que se deben conjugar los esfuerzos con los gobiernos federal, estatal y municipal, además del sector privado, la academia, la sociedad civil y los organismos internacionales, para dar justicia ambiental.
Entre las labores a emprender, dijo que se debe conocer el trabajo de los ambientalistas, detectar los sitios prioritarios para intervenir, avanzar en el marco jurídico nacional e internacional en este materia o identificar las áreas de colaboración. También es importante, preciso, establecer una hoja de ruta para aplicar del Acuerdo de Escazú, firmado en 2018 en Costa Rica, para reforzar estas medidas.
La secretaría apuntó que el Cemda documentó en su informe de este año que en 2024 se registraron 94 agresión contra defensores, incluidos 25 asesinatos, y que más de 50 por ciento de estos hechos violentos se dan en comunidades indígenas. Precisó que la secretaría protege a ocho personas a través del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas.
Humberto Henderson, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó los mecanismos creados por el gobierno mexicano para proteger a los defensores de derechos humanos y del ambiente, además llamó a facilitar a las fiscalías el protocolo especializado en investigación de delitos contra los defensores.
Gustavo Alanís, director general del Cemda, sugirió que para alcanzar justicia ambiental se debe construir una política pública integral, fortalecer el mecanismos de protección para el sector, hacer evaluaciones de impacto ambiental adecuadas para evitar proyectos que afecten al medio ambiente y adoptar enfoques preventivos, entre otras medidas.
