El tema pasa por mejorar el abasto de medicinas y avanzar a lo que se conoce como la cobertura universal con gratuidad en el entendido que las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes significan un alto costo para el sector salud.
Una institución que acelera el paso es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que lleva Zoé Robledo Gutiérrez que en este sexenio invirtió 13 mil 500 millones de pesos en siete hospitales generales de zona nuevos y en la rehabilitación de tres más, en donde canalizaron 13 mil 500 millones de pesos.
La nota es que a esa inversión ahora habrá que añadir otra por 20 mil millones de pesos para nueve hospitales más que estarán en Chihuahua, Hidalgo, Puebla, la CDMX, Yucatán, Chiapas, Sonora Baja California y Guanajuato.
Un aspecto relevante a favor de la transparencia es que por ser una entidad tripartita esas obras son supervisadas por gobierno federal, empresas y sindicatos donde la vinculación la lleva Marcos Bucio Mújica, secretario general del IMSS, quien lleva un seguimiento puntual del avance en las obras porque la intención es que prácticamente esas nuevas unidades hospitalarias se entreguen funcionando antes que concluya la administración.
Añada además la construcción de tres Unidades Extensión Hospitalaria que son clínicas más pequeñas que significarán en el ocaso del sexenio poner otros dos mil 739 millones de pesos.
Queda claro que nada de esas nuevas inversiones sería posible sin finanzas sanas, de ahí la importancia que el IMSS al cierre del año pasado reportó reservas por 450 mil millones de pesos que garantizan el buen funcionamiento y expansión del instituto hasta 2037.
Como imaginará la idea es ampliar el acceso a los servicios de salud con calidad a la población derechohabiente que se calcula en más de 70 millones de mexicanos y hacer a un lado la mala percepción que se tiene del sector salud por la falta de medicinas y el rezago en cirugías y otros servicios que se agudizaron con la pandemia.
Esos esfuerzos son independientes al IMSS Bienestar, que tiene el reto de atender a más de 50 millones de mexicanos que no son derechohabientes y que explican la apuesta por una cobertura universal en el sector salud.
