Se le denomina Modelo de Atención Integral a la Salud para el Bienestar (MAISB), está operando en Nayarit, y se ha extendido a Tlaxcala y Colima.
Es de esperarse que se sumen los 19 estados los morenistas, delo por hecho que tienen infraestructura de IMSS Bienestar, sistema que atiende a unas 12 millones de personas no derechohabientes, con cargo al presupuesto de seguridad social, pero recuerde que, en política, la cesión de soberanía entrega de la infraestructura hospitalaria y de la administración del sistema de salud implica ceder territorio político y presupuesto al Presidente.
El sistema de salud, además de los recursos destinados al ISSSTE y al IMSS, que tienen recaudación propia por el sistema de aportación mixto, está financiado por los ramos 12, con 192 mil 400 millones de presupuesto del sector salud (hospitales de alta especialidad, por ejemplo), el ramo 33, en su componente de salud o FASSA, con 117 mil 537 millones de pesos, que se distribuyen conforme a la fórmula establecida en el Sistema de Coordinación Fiscal, ministración que administran los estados para mantener sus redes de salud y que, en su paso por el Insabi, a nadie le cuadra la distribución.
El costo de la salud de la población no derechohabiente en México ha sido sufragado (cuando hay acceso) a través de cuotas sociales y aportaciones solidarias (Federación y estados), que suponían una cobertura universal de salud, pero que, en general, atendían a una parte de esa población y lo hacían con servicios de cobertura limitados.
Lo que plantea el Presidente es la "universalización de servicios" de salud, y eso supone no sólo la cobertura de algunas enfermedades, sino de todas, y acceso a servicios de primero, segundo y tercer nivel.
¿Lo logrará?, no sé, porque tienden a descomponer lo que funciona sumando lo que no funciona, muy al estilo del secretario de Salud, Jorge Alcocer.
El primero de enero, el MAISB arrancó en Nayarit, además de Colima y Tlaxcala, Sonora sin red de IMSS Bienestar se va a sumar, al igual de San Luis Potosí y Veracruz.
Los estados que se sumen deben partir de un diagnóstico de su sistema de salud, pero la parte más complicada es la laboral, porque dejan de ser miembros del sindicato de salud de un estado para volverse miembros del sindicato del IMSS y la homologación de regímenes es un verdadero lío.
¿Qué es lo que no gusta del modelo de universalización? La columna vertebral del IMSS es la atención de sus asegurados (derechohabientes) y se fondea con el sistema de cuotas obrero-patronales, donde la cuota social es la menor.
Al cargar con los cerca de 50 millones de la población no derechohabiente, existe el riesgo y la tentación política de que se contamine esa columna vertebral que, aunque se diga que no, tiene infraestructura estresada, pero no deja de ser la más eficiente en el país.
Y tampoco es fácil universalizar la atención si considera los servicios especializados, por lo que si IMSS Bienestar absorbe esa infraestructura no sólo sería deseable que se transfieran los recursos físicos y humanos, sino los presupuestales, pues para 2022 dispone de 23 mil 600 millones de pesos por el Ramo 19.
Lo más importante de universalizar es que las personas se atiendan donde quieran, pero no pueden usar la infraestructura del IMSS pagada por cuotas que fondean seguridad social, no sólo salud.
Esa red puede comenzar en el IMSS. En su momento, cuando la doctora Georgina Velázquez transformó IMSS-Coplamar en IMSS Solidaridad, hoy Bienestar, implantó un modelo que se coordinaba con el IMSS, pero manejaba de forma independiente su presupuesto. Hoy, la jefa de IMSS Bienestar reporta a la directora médica del IMSS, ni siquiera a Zoé Robledo, lo que muestra un inicio con traslape administrativo.