Reconoció que han tenido que desplegar trabajos exhaustivos de diálogo y acuerdos no sólo con ejidatarios, sino con propietarios privados de tierra por donde está previsto el recorrido del Tren Maya.
El funcionario aseguró que tienen contabilizadas hasta el momento 400 asambleas ejidales y la consulta con más de 40,000 comuneros, así como diálogo directo con casi 3,000 propietarios privados en los 1,500 kilómetros de recorrido del Tren Maya.
En el caso de Bacalar y Chetumal, los dos municipios del sur de Quintana Roo por donde corren los tramos 6 y 7, Vázquez Rosas aseguró que ha sido marginal el número de casos en los que han tenido que recurrir a las expropiaciones, las cuales han sido mediante acuerdos con los posesionarios de la tierra para la adquisición de los derechos de vía.
"Con todos los ejidos hay acuerdos e insisto en que hay buen ánimo y aceptación del proyecto", aseguró el funcionario.
Sobre el amparo 884/2020 que tiene paralizadas las obras del Tramo 5 sur, el vocero de Fonatur aseguró que es muy factible que el juez levante la suspensión impuesta desde el pasado 18 de mayo, luego de que se presentó aprobada la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del referido tramo.
Esto es debido a que grupos ambientalistas basaron los amparos contra el Tramo 5 sur, justamente en la ausencia de esta autorización, la cual alegan que debió haberse tramitado antes de que se ejecutara el desmonte de selva al poniente de Playa del Carmen, cuyas imágenes han sido ampliamente difundidas en medios de comunicación y redes sociales.
Vázquez Rosas insistió en que están muy confiados en que con la aprobación de la MIA por parte de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se desechen los amparos que mantienen detenidas las obras.
El funcionario aseguró que el Tren Maya está avalado por una autorización provisional otorgada por la Semarnat, así como por el acuerdo firmado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que hace de éste y otros proyectos federales, obras de interés público y seguridad nacional, lo cual les permitió iniciar obras de manera anticipada antes de tramitar la autorización de impacto ambiental.
«Primero decir con absoluta contundencia que la ruta del tren, en sus 1,500 kilómetros en absolutamente legal, a partir de un decreto del presidente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional y que permite a las obras consideradas de seguridad nacional iniciar obra en lo que se terminaban los trámites, en este caso la Manifestación de Impacto Ambiental», expuso el funcionario.
«Eso no significa que no se hayan hecho los estudios previamente y que no se hayan hecho los trabajos ambientales de la obra, tan es así que ya se presentó la MIA ante Semarnat», añadió.
